La Fundación para la Infancia de Coquimbo, en su sexto aniversario, se encuentra en una situación complicada debido a una serie de deudas que afectan su funcionamiento y que, según denuncia, son responsabilidad del Servicio Mejor Niñez. El organismo estatal es acusado por la directora ejecutiva de la fundación, Gloria Mieres, de generar un perjuicio financiero que ha limitado la capacidad de la fundación para postular a fondos o recibir nuevas subvenciones del estado.
El conflicto se inició el 17 de marzo, cuando la fundación fue apartada de la administración de la Residencia Ayelén, un hogar para el cuidado y protección de niños, niñas y adolescentes. Esta decisión fue tomada por el Servicio Mejor Niñez, tras un proceso de falta de financiamiento que la fundación intentó solucionar con diversas gestiones. Gloria Mieres ve en esta acción una falta de valoración por parte del organismo estatal hacia la autonomía de la fundación en la búsqueda de soluciones.
El Servicio Mejor Niñez se hizo cargo de la residencia a través de una «administración provisoria», que operó durante varios meses con los mismos trabajadores que colaboraban con la Fundación para la Infancia. Sin embargo, según Mieres, durante este periodo se generaron deudas por impuestos e imposiciones no pagadas, que fueron registradas a su RUT. Además, se habrían producido vulneraciones a los derechos laborales de los trabajadores, que fueron despedidos por una causal incorrecta, lo que derivó en multas por parte de la Inspección del Trabajo.
Estas deudas, generadas por el servicio estatal, están afectando de manera directa a la labor de la Fundación para la Infancia de Coquimbo, que trabaja con grupos vulnerables, incluyendo a personas con discapacidad. La situación es tan crítica que, según Mieres, la fundación no puede postular a ningún fondo por la existencia de estas multas.
La directora ejecutiva de la fundación sostiene que se reunió con personal de finanzas de Mejor Niñez, quienes habrían reconocido las deudas por impuestos y estarían buscando una solución a través del nivel central. No obstante, hasta ahora no se ha saldado ningún pago ni se ha brindado ninguna solución.
Además de la situación financiera, Mieres critica al organismo estatal por los cambios realizados en la residencia y las situaciones de vulneración que habrían afectado a los niños y niñas. Según la directora de la fundación, se han registrado incidentes y fugas, así como cambios bruscos en la rutina de los menores que habrían afectado su estado emocional. Mieres asegura haber enviado alertas a la Defensoría de la Niñez por estos hechos.
Por su parte, el Servicio Mejor Niñez alega que el periodo de administración provisional se generó debido a «diferentes situaciones asociadas a incumplimiento de convenio y denuncias recibidas en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) por denuncias de vulneraciones graves y otras situaciones de complejidad». El propósito de esta medida, según el servicio, era estabilizar el funcionamiento de la residencia y mejorar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes.
Actualmente, la residencia está a cargo de los profesionales de la Fundación Chilena para la Discapacidad, que supervisan constantemente la residencia y están trabajando en la intervención de niños, niñas y adolescentes que presentan discapacidad severa y moderada. Sin embargo, el Servicio Mejor Niñez no hizo referencia en su declaración a las deudas ni a las razones de estas.