Gobernadora sigue cumpliendo funciones y consejeros aún no acuerdan su reemplazo

A pesar de la suspensión de su cargo por dos meses y la reducción de su sueldo al 50% por la Corte Suprema, la Gobernadora Regional, Krist Naranjo, continúa con sus funciones normales como jefa de la región, respaldada por el hecho de que no ha sido notificada oficialmente de la decisión del tribunal supremo. Mientras tanto, los miembros del Consejo Regional (CORE), que deben elegir a un remplazo provisional durante la suspensión de Naranjo, aún no han tomado ninguna decisión ni han mantenido conversaciones sobre este asunto.

La Gobernadora Naranjo estuvo trabajando el día de ayer en la Provincia de Choapa, específicamente en las comunas de Canela e Illapel. Su visita a esta última comuna se debe a su preocupación por la pérdida total de la Feria de Abastos, una estructura comercial que se incendió recientemente, dejando en condiciones precarias a los comerciantes y emprendedores que tenían sus puestos en este lugar.

Por su parte, los miembros del CORE, aún en espera de las notificaciones oficiales al Gobierno Regional, reconocen no haber mantenido conversaciones sobre quién asumiría el cargo de forma provisional. La consejera regional, Ximena Ampuero, explica que la preocupación principal es que la Contraloría Regional sea notificada por el Consejo de Defensa del Estado o la Corte Suprema, para que a su vez puedan notificar al Gobierno Regional. También mencionó que cada coalición ya tiene sus candidatos, pero que la formalidad requerida es que la secretaria del CORE pueda convocar a una sesión extraordinaria para que los miembros voten.

Ampuero también mencionó que están buscando acelerar el proceso de notificación, ya que mientras no se cumpla este proceso, la gobernadora Naranjo continuará desempeñando su cargo. Cuando se le preguntó si temían que el abogado de Naranjo presentara otro recurso que prolongara el proceso, Ampuero respondió que no le sorprendería que eso sucediera.

Otro miembro del CORE, el consejero Cristian Rondanelli, confirmó que no ha habido ninguna iniciativa para buscar un reemplazo para la gobernadora, pero que él mantiene su postura de que quien sea designado como reemplazo no debe ser candidato a gobernador regional. Sin embargo, se mostró confiado en que se llegarán a acuerdos para un candidato de consenso.

En una nota similar, el también consejero regional, Lombardo Toledo, afirmó que ningún otro miembro del CORE le ha comentado nada sobre un futuro líder de la gobernación regional. No obstante, Toledo, militante de la Democracia Cristiana, espera que su partido le brinde orientaciones para proceder de manera consciente y en beneficio de la gente de la Región de Coquimbo.

La situación actual pone de manifiesto la incertidumbre y las tensiones que rodean el futuro liderazgo de la Región de Coquimbo. Mientras tanto, la gobernadora Naranjo sigue desempeñando sus funciones a pesar de la decisión de la Corte Suprema, destacando la importancia de la notificación oficial en el proceso de suspensión y reemplazo.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.