Desde hoy miércoles, la gobernadora regional de Chile, Krist Naranjo se verá obligada a acatar una sanción de dos meses de suspensión de su cargo, junto con una reducción del 50% de su sueldo. Además, durante este periodo, le estará prohibido hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes a su cargo. Esta sanción llega después de que la Contraloría remitiera una copia del oficio de la resolución de la Corte Suprema, que emitió el veredicto contra la gobernadora el pasado 21 de junio.
En el documento remitido por la Contraloría al gobierno regional se detalla: “Procede el cumplimiento de la sanción administrativa aplicada a doña Krist Naranjo Peñaloza, de suspensión del empleo por dos meses con goce del 50% de sus remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo”. Durante estos días, Naranjo afirmó que estaba esperando la confirmación de su sanción, por lo que continuó realizando sus funciones con normalidad, incluso presidiendo el último consejo regional.
Tras conocer la noticia, los integrantes del Consejo Regional manifestaron su conformidad con la medida, que habían estado esperando durante meses. El core, Cristian Rondanelli, expresó que “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, en referencia a la sanción impuesta a la gobernadora regional. Rondanelli afirmó que la gobernadora no terminará su periodo sin haber recibido al menos una sanción, independientemente de las otras sanciones que el Consejo Regional sigue buscando lograr ante todos los malos actos que ha cometido durante su mandato.
En ese contexto, Rondanelli aseguró que el siguiente paso es el proceso de buscar al gobernador suplente. Mantuvo su postura inicial de que quien asuma el cargo no debe ser candidato a gobernador regional, ya que eso implicaría un trabajo motivado por intereses personales y no por lo que realmente necesita la región: darle gobernabilidad durante estos dos meses de suspensión de la gobernadora regional.
Por su parte, su colega en el consejo, Wladimir Pleticosic, espera que en los próximos días puedan ser convocados a un consejo extraordinario que defina rápidamente al sustituto de la gobernadora y que, desde ese momento, comience a gestionar el gobierno regional. “Desde ahí, por supuesto, comenzaremos a sacar adelante los proyectos más emblemáticos e importantes de la región y a destrabar tantos otros que hoy no han tenido tramitación”, afirmó Pleticosic.
La consejera regional, Ximena Ampuero, sostuvo que el gobierno regional ha marcado un precedente en el cual las autoridades no pueden hacer mal uso del vehículo fiscal ni cometer ninguna falta a la probidad. “Estamos muy contentos de que, de una vez por todas, podamos tener las conclusiones de Contraloría y que nosotros, como Consejo Regional, determinemos quién va a ser el que va a entregar los mecanismos que corresponden para avanzar en beneficio de nuestra región”, aseveró Ampuero.
Javier Vega, otro miembro del consejo, señaló que esta sanción genera un precedente histórico que, lamentablemente, tuvo a la región como escenario. “Esperamos que, así como hoy se está actuando contra los gobernadores, también se persiga a aquellos alcaldes o alcaldesas que han cometido acciones que vulneran la propiedad de los recursos públicos”, subrayó.
Debido a que la suspensión supera los 45 días, la ley determina que debe haber una suplencia por parte del Consejo Regional. Por ello, desde mañana los consejeros tienen tres días para que la secretaria ejecutiva, Valeria Cerda, convoque una sesión extraordinaria para escoger al reemplazante durante el tiempo que dure la sanción de la gobernadora. De manera inmediata, quien debiese asumir el cargo de manera suplente durante este breve periodo, es la administradora regional, Karina Aguirre.
Cabe recordar que esta sanción se originó a partir de una serie de investigaciones y procedimientos disciplinarios que señalaron irregularidades en el desempeño de la gobernadora Naranjo. En específico, por el mal uso de un vehículo fiscal, lo que se generó a partir de una denuncia interpuesta por su exchofer, quien afirmó que la autoridad le ordenaba utilizar el auto fiscal con fines personales. Además, acusó que Naranjo lo habría obligado a infringir las leyes de tránsito, pidiéndole que ignorara señaléticas y condujera a exceso de velocidad.