Urgente: Gobernadora Krist Naranjo fue notificada de suspensión de su cargo

En un reciente giro de eventos, la Contraloría General de la República ha hecho saber que la Gobernadora Regional de Coquimbo, Krist Naranjo, será suspendida de su cargo por un periodo de dos meses a partir del día miércoles 03 de julio del 2024. Además de la suspensión, Naranjo también verá una reducción en su salario, percibiendo solo el 50% de su sueldo regular durante el tiempo que dure la sanción.

La notificación, emitida el martes, especifica que la autoridad regional no podrá continuar con sus funciones como principal líder de la región de Coquimbo. Este anuncio deja a los consejeros regionales con un plazo de 10 días para elegir a un reemplazo para la gobernadora.

El documento de la Contraloría detalla que esta acción surge a raíz de la resolución del 21 de junio de 2024 que confirmó el recurso de apelación con el rol N° 242511-2023. Esta resolución fue emitida por la Excma. Corte Suprema y su oficio N° 61745-2024, del cual la Contraloría Regional de Coquimbo ha recibido copia.

La sanción administrativa impuesta a la señora Naranjo implica no solo la suspensión de su empleo y la reducción de su sueldo, sino también la prohibición de hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes a su cargo durante el periodo de suspensión.

La notificación fue dirigida a la Gobernadora Regional (S) de Coquimbo y también distribuida al Consejo Regional de Coquimbo. El documento fue firmado electrónicamente por el Contralor Regional (S), Geovanni Sebastián Arancibia Valdivia, el 2 de julio de 2024, y se incluye el código de validación correspondiente para su verificación.

La suspensión de Krist Naranjo representa un hecho de gran relevancia para la región de Coquimbo, ya que la gobernadora ha sido una figura clave en el liderazgo regional. Su ausencia, sin duda, causará un impacto significativo en el funcionamiento de la administración regional durante los próximos dos meses.

Los consejeros regionales ahora enfrentan la tarea de seleccionar a un reemplazo adecuado para la gobernadora en su ausencia. Este reemplazo tendrá la responsabilidad de liderar la región durante el periodo de suspensión y de garantizar la continuidad de los trabajos y proyectos en curso.

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Regional de Coquimbo, tiene el deber de supervisar la administración pública regional. Este organismo es el encargado de garantizar que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes y responsabilidades, y de tomar medidas correctivas en caso de que se detecten irregularidades.

La suspensión de la gobernadora Naranjo es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la administración pública. También subraya la función crucial de la Contraloría en el mantenimiento de altos estándares de conducta entre los funcionarios públicos.

Resulta fundamental que los ciudadanos de la región de Coquimbo estén al tanto de estos desarrollos. La decisión de suspender a la gobernadora y la elección de un reemplazo tendrán un impacto directo en la dirección que tomará la región en los próximos meses. A medida que la situación continúa desarrollándose, la región de Coquimbo espera la elección de un nuevo líder que pueda llevar a cabo las tareas y responsabilidades de la gobernadora durante su suspensión.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.