En estas dos últimas décadas, Venezuela ha envejecido prematuramente. El país ha perdido, quizás de manera definitiva, un alto porcentaje de gente joven, muchos de ellos profesionales y trabajadores capacitados, que representaban una ventana de oportunidad para impulsar su futuro desarrollo.

Actualmente, existen 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, de los cuales 5,96 millones (84,9 por ciento) se encuentran distribuidos en 17 países de América Latina, sobre todo en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, según los datos de la Plataforma RV4.

Este descomunal flujo migratorio de venezolanos se ha producido en tres olas sucesivas a lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI. La primera de estas olas tuvo lugar durante los años iniciales del primer Gobierno de Hugo Chávez.

Emergencia humanitaria

La última oleada migratoria  se inició a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que comenzó a sufrir Venezuela a partir del año 2015. Esta crisis ha provocado hasta el momento la “migración forzada” de más de cinco millones de venezolanos, quienes se han dirigido fundamentalmente hacia los países de Latinoamérica y el Caribe.

A diferencia de las anteriores olas, el perfil del migrante de esta tercera ola atraviesa todo el espectro social y territorial de Venezuela, por lo que un alto porcentaje de ellos, que puede superar al 50 por ciento, posee una condición muy vulnerable, de acuerdo con los resultados de las ultimas “Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)”, de la Universidad Católica Andrés Bello. En buena medida, esta condición de vulnerabilidad le ha dificultado a este grupo de venezolanos migrantes su desplazamiento, ingreso e inserción en los países escogidos como destino.

Dificultades de inserción en los países de acogida

La recepción y manejo de estos grandes flujos de población migrante vulnerable ha constituido todo un reto para los países de América Latina y del Caribe, en especial a partir del año 2020, cuando sus economías fueron golpeadas por la pandemia.

Esta situación se agravó aún más en el 2022 por la inflación desenfrenada que se produjo en Latinoamérica a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Dentro de este contexto, y de acuerdo con el informe “Refugee And Migrant Needs 2022” (Necesidades de Refugiados y Migrantes 2022), elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

La competencia resultante por puestos de trabajo, plazas de inscripción en escuelas, vivienda y otros servicios entre las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes de Venezuela en ocasiones ha aumentado las tensiones sociales y puesto a prueba los niveles de solidaridad que caracterizaron los primeros años de la situación de desplazamiento de Venezuela”.

Xenofobia y discriminación

Este informe refleja que el 60,5 por ciento de los venezolanos refugiados y migrantes en América Latina tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal. Por ejemplo, respecto a la vivienda, el 76 por ciento de los venezolanos en Perú, el 46 por ciento en Costa Rica y el 73 por ciento en Panamá carecen de los medios financieros para continuar pagando su alquiler.

En cuanto al empleo, el 34 por ciento de los venezolanos migrantes en Ecuador, el 64 por ciento en Guyana, el 35 por ciento en Panamá, el 40 por ciento en Uruguay, el 29 por ciento en Bolivia, el 27 por ciento Paraguay y el 25 por ciento en Argentina reportan estar desempleados. Con respecto a la nutrición de los niños migrantes menores de cinco años, se encontró que el 13,4 por ciento en Brasil, el 4,4 por ciento en Perú y el 3 por ciento en Ecuador, República Dominicana y Colombia presentaban desnutrición aguda.

Este informe también hace referencia a los niveles crecientes de xenofobia y discriminación que enfrentan los venezolanos migrantes, incluso dentro del sector privado: “Si bien los refugiados y migrantes encuestados en toda la región describieron la relación entre las comunidades y los venezolanos son buenos en general, los desafíos vinculados a las percepciones negativas de los venezolanos son comunes en muchos países”.

Aunque el informe de la Plataforma RV4 señala que evidentemente se ha producido un empeoramiento de las condiciones para los refugiados y migrantes venezolanos, también resalta que los gobiernos anfitriones siguen manteniendo el apoyo a la asistencia humanitaria y a los programas de regularización.

No hay condiciones para un retorno masivo

A pesar de las dificultades descritas, y de que en la actualidad algunos índices macroeconómicos y de medición de la pobreza en Venezuela han mostrado una leve recuperación respecto al 2021, situación que Nicolás Maduro ha aprovechado a través de una intensa campaña mediática insistiendo que “Venezuela se está arreglando”, lo cierto es que, hasta los momentos, la conjunción de estos factores no ha logrado detener la salida de venezolanos del país, y tampoco han logrado estimular de manera significativa el retorno de los migrantes a Venezuela.

El plan “Vuelta a la Patria” creado por Nicolás Maduro en agosto del 2018 para apoyar el retorno voluntario de todos aquellos migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso no ha logrado resultados alentadores.

De acuerdo con las declaraciones dadas por el canciller Placencia el 28 de agosto pasado, este programa, en sus cuatro años de existencia, solo ha logrado retornar a 29.124 venezolanos procedentes de 22 países, cifra muy poco significativa frente a los millonarios flujos migratorios de venezolanos producidos en la última ola migratoria de venezolanos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta ENCOVI, arriba referida, según datos recogidos entre julio y agosto de 2022, la proporción de emigrantes retornados que reportan los hogares encuestados no supera el 6 por ciento de la totalidad de los migrantes venezolanos que han abandonado el país en estas últimas décadas.

Según este estudio, “no se vislumbra un proceso de retorno masivo porque no están dadas las condiciones en Venezuela para recibir de vuelta a esa oleada millonaria de ciudadanos que se establecieron en otros países”.

Aunque en el país se ha logrado detener la hiperinflación que se venía sufriendo desde 2017, Venezuela todavía figura como la economía más inflacionaria del mundo. El economista Ángel Alvarado, cofundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, señaló que para octubre de este año la inflación interanual venezolana había alcanzado el 173 por ciento y estima que para finales de año podría llegar al 200 por ciento.

País muy desigual

En efecto, luego de algunos meses de relativa estabilidad, el bolívar ha comenzado de nuevo a devaluarse, impactando de forma negativa al menguado salario mínimo que actualmente equivale a solo $ 12 mensuales. Al propio tiempo, en septiembre de este año el costo de la canasta alimentaria para el grupo familiar de cinco personas ya había alcanzado los 357,68 dólares americanos, de acuerdo con los datos suministrados por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA).

La pobreza en Venezuela, medida según el nivel de ingresos, alcanza actualmente el 81,5 por ciento de la población, y aunque esta cifra representa una mejoría relativa con respecto al 2021, todavía es extremadamente alta. En estos momentos, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica.

Por otra parte, la leve mejoría en los indicadores macroeconómicos se ha distribuido de forma muy desigual en el país. Según señala ENCOVI 2022, Venezuela es el país más desigual del hemisferio, con niveles comparables a Namibia, Mozambique y Angola. De allí que sea comprensible que un 75 por ciento de los encuestados por ENCOVI señalen que la razón principal por la cual saldrían de Venezuela sería la de buscar un empleo que les permita vivir dignamente a ellos y a su familia.

Deterioro de los servicios públicos

En Venezuela, la precariedad de los salarios ha venido acompañada con un deterioro pronunciado en la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos (salud, educación, electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua). Este problema constituye no solo un factor que afecta significativamente la calidad de vida de los venezolanos, sino que representa un obstáculo importante para dinamizar la economía y reemprender la senda del desarrollo.

Aunado a ello, de acuerdo con los datos del CENDA, en el último año el costo de los servicios públicos en Venezuela ha sufrido un aumento del 212,88 por ciento. Una familia venezolana necesita 3 salarios mínimos mensuales solo para costear la tarifa básica de los servicios públicos esenciales (agua, electricidad, teléfono, internet, transporte público y aseo urbano). Es decir, se han producido aumentos desproporcionados en las tarifas que además no han tenido como contraprestación una mejora significativa en la prestación de la mayoría de estos servicios.

Los resultados de la Encuesta de Usuarios abril-mayo 2022 del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, arrojan que el 61,9 por ciento de los consumidores valora de forma negativa el servicio de agua y solo un 27,9 por ciento declara contar con servicio permanente de agua. Respecto al servicio de electricidad, el 62,4 por ciento tiene una valoración negativa de su calidad y solo un 14,1 por ciento manifiesta que nunca o casi nunca sufre de interrupción del servicio eléctrico.

La Encuesta Nacional de Hospitales (Octubre 2022) reporta que “Para el cierre de octubre, la cantidad de muertes a causa de las fallas de energía han sido 218 en lo que va de año”.

En cuanto al servicio de internet, la encuesta arroja que el 43.2 por ciento de los usuarios tiene una opinión negativa del servicio. Con una velocidad de apenas 4,47 Mbps, Venezuela, junto con Cuba, tiene la peor velocidad de transmisión de banda ancha en América Latina, ocupando el puesto 187 dentro del ranking de 220 países del mundo, según el informe “Worldwide Broadband Speed League 2022”.

La inseguridad sigue siendo un grave problema

Junto a las carencias económicas y a la baja calidad de los servicios públicos, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a los venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia señala que durante el primer semestre del 2022 se registraron 25.222 casos de delitos en todo el territorio nacional, equivalente a un promedio de casi 141 delitos por día y 1.010 por semana.

El 16 por ciento de los casos (4.141) fueron delitos de lesiones personales y el 5 por ciento de los casos (1.322) fueron homicidios.

El informe concluye señalando que “la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis económica y la permanencia– rebote de la pandemia, parecerían actuar como catalizadores de los hurtos, robos, las agresiones y lesiones personales, lo que podría tener explicación, por un lado, por la creciente pérdida de capacidades en las familias para satisfacer sus necesidades más básicas

Otros factores que favorecen la salida de migrantes y el no retorno

Aparte del insuficiente incentivo que han representado las débiles y confusas señales de recuperación de la calidad de vida en Venezuela, existen otros factores que favorecen el no retorno de los venezolanos el país. Uno de ellos es la edad de los migrantes. Según ENCOVI 2022, el 50,5 por ciento de las personas que han salido de Venezuela entre el 2017 y el 2022 tienen edades que oscilan entre 15 y 29 años.

Estos jóvenes migrantes se encuentran en edades de formación de familia, por lo cual, con el paso del tiempo, es muy probable que terminen estableciendo familia con nacionales de las respectivas sociedades de acogida. Ello favorecería su integración y estabilidad en esas sociedades, dificultando su eventual retorno a Venezuela.

Otro de los factores que podrían influir en la decisión de un posible retorno de los venezolanos que han salido del país sería la situación legal migratoria en la cual se encuentran en los países de acogida. A pesar de las restricciones impuestas en muchos de los países del hemisferio, el informe ENCOVI 2022 refleja que un porcentaje significativo de migrantes venezolanos ha logrado regularizar su situación legal migratoria.

Dos de cada tres migrantes venezolanos poseen ya un estatus regular: un 16 por ciento ha adquirido la ciudadanía del país receptor; un 22 por ciento cuenta con permiso de residencia permanente y un 27 por ciento un permiso temporal. Solo un 12 por ciento estaría en situación irregular, ya sea por falta de documentos o por el vencimiento de éstos. Existe un 17 por ciento de familias cuya situación migratoria se desconoce.

Por otro lado, aquellos migrantes venezolanos que, de forma más o menos exitosa, han logrado insertarse en sus respectivas sociedades de acogida, han propiciado también la migración de sus familiares que se habían mantenido en Venezuela.

Los resultados que arroja ENCOVI 2022 muestra cómo desde el 2019 viene aumentando progresivamente los flujos migratorios de nietos/as, hermanos/as, yernos y nueras. Este aumento del 7 por ciento al 10 por ciento constituye una señal de que los migrantes venezolanos están logrando establecerse en los distintos países de destino.

Estas relaciones interpersonales migratorias, o “redes migratorias” se han ido extendiendo más allá de los vínculos familiares, constituyéndose en otro factor importante de incentivo a la migración en el país. A través de estos nexos, los potenciales emigrantes venezolanos obtienen apoyos e información valiosa que reducen los riesgos de desplazamiento y de inserción en las nuevas sociedades.

Por ejemplo, la encuesta de Evaluación Conjunta de Necesidades realizada entre julio y agosto de 2020, revela que en Ecuador “la intención de quedarse ha persistido a pesar de las circunstancias de dificultad económica que algunos venezolanos están experimentando, y el 27 por ciento de venezolanos respondieron que están esperando la llegada de incluso más familiares o amigos”.

Pérdida para Venezuela

Este conjunto de factores lleva a concluir a los especialistas de ENCOVI que los eventuales retornos que puedan producirse en un futuro cercano no serán definitivos, y los mismos se traducirán en una circularidad de movimientos: “Difícilmente vamos a recuperar la población perdida. No es probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido”.

En el mismo sentido, el informe de la Plataforma RV4 concluye que “se ha vuelto cada vez más claro que muchos de los venezolanos permanecerán en los países a los que migraron, si no permanentemente, a mediano y largo plazo, por lo tanto, asegurar que estos puedan integrarse a los mercados laborales, a los sistemas de salud y de educación, y a las comunidades locales, promete beneficiar tanto a los migrantes y refugiados como a las sociedades en las que viven”.

Estas conclusiones son malas noticias para Venezuela. Este descomunal éxodo significa para el país una gran tragedia cuyos impactos negativos se extenderán hacia el futuro.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.