El incansable esfuerzo de los comerciantes de Illapel por resurgir desde las cenizas

El 13 y 14 de junio de este año, un devastador incendio arrasó con la Feria de Abasto de Illapel, en Chile. Un total de 228 locatarios vieron cómo el fuego consumía sus lugares de trabajo, su fuente de ingresos y sus sueños. «Nosotros perdimos todo», describe Janet Olivares, delegada de los locatarios, «pero siempre le dijimos a las autoridades que había algo más importante que el capital monetario y eso era la gente».

La Feria de Abasto de Illapel se convirtió en cenizas en un par de días. El primer incendio destruyó el 70% del edificio. Al día siguiente, mientras los locatarios se organizaban para buscar ayuda, un segundo incendio acabó con lo que quedaba. La verdulería, comercio general, pescadería, servicios, artesanías, carnicería y comidas al paso, todo se perdió.

Los locatarios, que por décadas habían trabajado arduamente, vendiendo sus productos en las calles, habían encontrado un lugar fijo y seguro para sus negocios hace ocho años. Sin embargo, este sueño se convirtió en cenizas por razones que aún se investigan.

A pesar de la devastación, los locatarios no han estado solos en este difícil proceso. Desde el primer momento, recibieron apoyo del municipio de Illapel, el alcalde Denis Cortés y el gobierno regional, la delegación presidencial y los servicios asociados al Ministerio de Economía. Este apoyo ha sido crucial en su proceso de recuperación.

El delegado presidencial, Galo Luna, ha señalado que se está trabajando para ayudar a los locatarios a recuperar lo que perdieron en el incendio. A través de SERCOTEC, se dispone de más de 900 millones de pesos para su capitalización.

Además, se ha asegurado el compromiso del gobierno para continuar apoyando en este «proceso de largo aliento». Se están tomando medidas urgentes, de mediano y largo plazo, para ayudar a los locatarios a salir adelante.

A nivel regional, se ha confirmado la reasignación de recursos del programa Crece de SERCOTEC para dirigirlos a los locatarios. También se ha coordinado con BancoEstado para proporcionar una prórroga de seis meses para el pago de créditos, lo que podría beneficiar hasta 157 personas.

La Tesorería General de la República ha coordinado para detener cualquier proceso de cobro y sanciones a los locatarios por las deudas.

Pía Castillo, la seremi de Economía, Fomento y Turismo, ha destacado su rápida respuesta «solo unas horas después de ocurrido el siniestro» para realizar un catastro de los comerciantes afectados. Además, tras la solicitud por parte del delegado Galo Luna, se ha coordinado con otros servicios públicos para proporcionar apoyo a las comunidades indígenas, adultos mayores y mujeres emprendedoras afectadas por el incendio.

El municipio de Illapel ha proporcionado un aporte social de 400 mil pesos a cada uno de los locatarios. Este dinero ha permitido cubrir las necesidades más urgentes, como pagar cuentas, atender los compromisos educacionales de los hijos y el sustento diario.

Pero quizás lo más emocionante para la comunidad ha sido la instalación de una feria de emergencia en el sector del estacionamiento interior, ubicado al costado del CESFAM Urbano de Illapel. Esta feria permite a los locatarios vender sus productos y retomar su actividad.

El alcalde Denis Cortés invitó a toda la comunidad a visitar la nueva feria de emergencia que funciona de lunes a sábado de 9:00 a 16:00 horas. Agradeció el gran trabajo y esfuerzo demostrado por los funcionarios municipales para habilitar el lugar y en menos de 15 días disponer de un nuevo espacio.

En paralelo, se está avanzando en un proyecto de una nueva Plaza de Abastos con más comodidades y seguridad. Este proyecto se postulará a fondos del gobierno regional.

A pesar de la devastación y la pérdida, la comunidad de la Feria de Abasto de Illapel demuestra una increíble resiliencia. Con el apoyo de las autoridades y su propia determinación, están trabajando para reconstruir sus sueños y retomar sus vidas. Su historia es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la colaboración en tiempos de crisis.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.