HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Una filial al cien por cien de Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST) ha sido seleccionada por el Departamento de Energía de EE. UU., en colaboración con General Motors, para recibir una subvención de 200 millones de dólares como parte del primer conjunto de proyectos financiados por la Ley de infraestructuras consensuada por el presidente Biden. Más de 200 empresas solicitaron la financiación de 2800 millones de dólares del Departamento de Energía y se concedieron subvenciones a 20.

«Es un honor obtener el reconocimiento del Departamento de Energía y colaborar con General Motors en este importante esfuerzo por fortalecer y acelerar la cadena de suministro nacional de baterías y las iniciativas de producción en América del Norte. Esta subvención permitirá a Microvast acelerar sus planes para repatriar los procesos críticos de fabricación de componentes de baterías, incluida la producción masiva de nuestra tecnología patentada de separadores de poliaramida», manifestó la Dra. Wenjuan Mattis, directora tecnológica de Microvast. «Esperamos que las ventajas en cuanto a seguridad de nuestros innovadores separadores de poliaramida, de gran estabilidad térmica, transformen el desarrollo de las baterías de iones de litio de gran capacidad energética y aporten un considerable valor al sector», continuó.

«Dado que somos una empresa estadounidense activa en Tennessee, Florida, Colorado y Texas, nos entusiasma la estrategia de mejorar la integración vertical de Microvast ampliando nuestra presencia local y nuestra capacidad de producción para incluir componentes de baterías», afirmó Shane Smith, director de operaciones de Microvast. «Esperamos abastecernos de materias primas y equipamiento de EE. UU. o nuestros aliados y crear cientos de puestos de trabajo a nivel local», continuó.

La subvención de 200 millones de dólares del Departamento de Energía, unida a una inversión de más de 300 millones de las empresas, contribuirá previsiblemente a la construcción de nuevas instalaciones de fabricación de separadores en Estados Unidos. Microvast espera que dichas instalaciones suministren componentes a su centro de fabricación de baterías de Clarksville (Tennessee), así como a otros clientes de los mercados de vehículos eléctricos comerciales, especiales y de pasajeros, sistemas de almacenamiento de energía y otras aplicaciones.

Un separador es una fina película aislante entre un cátodo y un ánodo que impide fugas térmicas a la vez que permite la transferencia de iones. El separador es un componente fundamental de las baterías de iones de litio y desempeña un papel vital en la seguridad de las baterías, la tolerancia a la sobrecarga y el rendimiento. La poliaramida es una poliamida aromática muy resistente a las altas temperaturas e ignífuga que se utiliza normalmente en la ropa contra incendios y el material aislante. Microvast posee tecnologías únicas y patentadas de procesamiento en húmedo para obtener finas películas de base de poliaramida. A diferencia de los separadores de polietileno y polipropileno, muy difundidos actualmente en las baterías de iones de litio, que se funden a 135 y 165 °C, respectivamente, los separadores patentados de poliaramida de Microvast son capaces de resistir temperaturas de más de 300 °C. Esta resistencia a las altas temperaturas, combinada con su gran porosidad, su excelente humectabilidad y su retención de electrolitos, mejora la seguridad general, la carga rápida y el ciclo de vida de las baterías de iones de litio en vehículos eléctricos y otras aplicaciones.

Microvast colabora con General Motors en el desarrollo de nuevas tecnologías de separadores que pueden contribuir a mejorar la seguridad, carga y durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos aprovechando aportaciones de la propiedad intelectual de ambas empresas, incluida una tecnología de revestimiento desarrollada en los laboratorios de investigación y desarrollo de GM en Warren (Míchigan).

«Esta colaboración con Microvast respalda el empeño de GM por desarrollar una cadena de suministro norteamericana para vehículos eléctricos y contribuye a que todo el mundo tenga un vehículo eléctrico», afirma Kent Helfrich, director tecnológico y vicepresidente de investigación y desarrollo de General Motors. «También nos proporciona una tecnología de separadores pionera que puede utilizarse en nuestras baterías Ultium de nueva generación y, lo que es más importante, contribuye a nuestro compromiso con la seguridad».

«Vivimos unos tiempos extraordinarios para fabricar en Estados Unidos, gracias al impulso del sector privado por los planes del presidente Biden y las inversiones históricas para garantizar que el futuro de las energías limpias sea estadounidense», declaró Jennifer M. Granholm, secretaria de Energía de EE. UU. «La producción nacional de baterías y componentes avanzados acelerará la transición de los combustibles fósiles para suplir la elevada demanda de vehículos eléctricos y creará puestos de trabajo bien remunerados en todo el país».

Acerca de Microvast

Microvast, fundada en Houston (Texas) en 2006 como una empresa de investigación y tecnología, se ha convertido en un líder mundial en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones de baterías para aplicaciones móviles y fijas. Microvast proporciona una amplia cartera de soluciones de baterías de iones de litio de carga rápida, con diferentes composiciones químicas, características de rendimiento y precios de referencia, para satisfacer los distintos requisitos de su base de clientes. Microvast es famosa por su tecnología puntera de pilas y sus prestaciones de integración vertical, que van desde la composición química central de la batería (cátodo, ánodo, electrolito y separador) a las celdas, módulos y paquetes de baterías.

Desde la puesta en marcha de sus primeros sistemas de baterías en autobuses eléctricos hace más de diez años, Microvast ha ampliado su negocio para dar servicio a una amplia gama de vehículos comerciales, especializados y de pasajeros, como vehículos y equipamientos mineros, de manipulación de materiales y de energía, así como aplicaciones de almacenamiento de energía a escala de red.

Para obtener más información, visite www.microvast.com o síganos en LinkedIn o Twitter (@microvast).

Acerca de la financiación del Departamento de Energía

Microvast, en colaboración con General Motors, recibirá el primer conjunto de proyectos financiados por la Ley de infraestructuras consensuada por el Presidente para expandir la producción nacional de baterías para vehículos eléctricos y la red eléctrica y para materiales y componentes que actualmente se importan de otros países. Un suministro y procesamiento nacional, responsable y sostenible de los materiales vitales para la fabricación de las baterías de iones de litio fortalecerá las cadenas de suministro estadounidenses, acelerará la producción de baterías para satisfacer la creciente demanda y garantizará la competitividad económica del país, la independencia energética y la seguridad nacional. La financiación de 2800 millones de dólares anunciada por el Departamento de Energía es la primera fase del total de 7000 millones establecido en la Ley de infraestructuras consensuada por el Presidente para impulsar la cadena de suministro nacional de baterías. La Oficina de Producción y Cadenas de Suministro de Energía (MESC) del Departamento de Energía es responsable de reforzar y garantizar la fabricación y las cadenas de suministro de energía que hacen falta para modernizar la infraestructura energética del país y promover una transición energética limpia y equitativa. La MESC gestionará la cartera de productos con apoyo de la Oficina de Tecnologías Automotrices de la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de Energía.

Como parte del proceso de selección para la subvención del Departamento de Energía, se ha invitado a Microvast a negociar las condiciones específicas de la subvención. Una vez establecidas dichas condiciones, la subvención estará sujeta a estas y a otras condiciones pactadas durante la negociación.

Advertencia en relación con las proyecciones futuras

Este comunicado contiene «proyecciones futuras» según lo especificado en la Ley de reforma de litigios de valores privados de 1995 de Estados Unidos. Dichas proyecciones incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre resultados financieros y operativos futuros, nuestros planes, objetivos, expectativas e intenciones con respecto a operaciones, productos y servicios futuros, y otras declaraciones que incluyen expresiones como «con probabilidad», «se prevé», «continuará», «se espera», «estimación», «se cree», «se busca», «plan», «proyección», «perspectiva» o similares. Las proyecciones futuras incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre el tamaño del sector y del mercado de Microvast, oportunidades futuras de Microvast y los resultados combinados futuros estimados para la empresa y Microvast. Dichas proyecciones futuras se basan en creencias y expectativas actuales de nuestra dirección y están sujetas intrínsecamente a considerables incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas, muchas de las cuales son difíciles de prever y en general escapan a nuestro control. Los resultados reales y la fecha de los eventos pueden ser muy diferentes de los resultados previstos en estas proyecciones futuras.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.