Municipio de Illapel presenta plan de cuatro fases para reconstruir su Plaza de Abastos

El incendio que arrasó la Plaza de Abastos de Illapel este jueves y viernes, ha sido calificado por el alcalde Denis Cortés Aguilera como «una de las tragedias más grandes» que ha tenido que enfrentar la comuna. El siniestro ha dejado a más de 200 locatarios sin su fuente de trabajo y ha ocasionado una profunda conmoción en la comunidad. El alcalde ha adelantado que ya se está trabajando en un plan para ayudar a los afectados a «ponerse nuevamente de pie».

El jueves, la ciudad de Illapel estaba preparándose para afrontar las intensas lluvias pronosticadas para la región, sin imaginar que pronto tendrían que lidiar con una emergencia de mayor magnitud. Pasadas las 2 de la tarde se declaró el incendio en la Plaza de Abastos, una moderna infraestructura inaugurada hace solo ocho años.

La Plaza de Abastos, que ha formado una parte importante de la identidad local en este corto período de tiempo, era un espacio digno para vendedores que antes ocupaban las calles para trabajar. La plaza de abastos se encontraba de aniversario, lo que ha hecho que la tragedia sea aún más dolorosa.

El primer incendio afectó alrededor de 157 locales y fue combatido por bomberos de Illapel, Canela, Los Vilos, Salamanca y Combarbalá. Las pérdidas eran cercanas al 70%, lo que se tradujo en un duro golpe para la comunidad.

Para la mañana del viernes, un segundo incendio arrasó con lo que quedaba de la Plaza de Abastos, dejando a la comunidad totalmente devastada. El alcalde Cortés indica que existe la posibilidad de que haya sido un foco nuevo y no un rebrote del incendio anterior, aunque esto está siendo investigado.

El alcalde también ha revelado un plan de ayuda para los locatarios de la Plaza de Abastos. Este plan de ayuda consta de cuatro etapas, comenzando con un apoyo inmediato a los afectados. Se entregará a cada locatario afectado un aporte económico de 400 mil pesos, con un monto total sobre los $80 millones.

La segunda parte del plan se centra en el aporte en capital de trabajo. El alcalde espera que a través de instituciones como CORFO o SERCOTEC, se puedan entregar los apoyos necesarios para que los locatarios puedan reanudar sus actividades comerciales.

La tercera etapa del plan consiste en la construcción de una estructura modular para que los locatarios puedan trabajar. Este punto de venta provisional, aunque no en las mejores condiciones, permitirá a los locatarios reanudar sus actividades comerciales mientras se trabaja en la reconstrucción final de la Plaza de Abastos, la cuarta y última etapa del plan.

El alcalde ha agradecido a todos los cuerpos de Bomberos que trabajaron en la emergencia, así como a autoridades de gobierno, del Consejo Regional, la gobernadora y empresas como Pucobre y Minera Los Pelambres, que han mostrado disposición en cooperar.

La tragedia ocurrida en la Plaza de Abastos de Illapel ha dejado una profunda huella en la comunidad, pero también ha evidenciado la fortaleza y la solidaridad de su gente. A pesar de la adversidad, los locatarios están decididos a reconstruir y a reanudar sus actividades comerciales. Como dijo el alcalde Cortés Aguilera, «transmita que nos vamos a levantar, que vamos a salir de ésta». Esta es la actitud que seguramente guiará a la comunidad de Illapel en los días difíciles que le esperan.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.