En un avance significativo para la inclusión digital y reducción de la brecha digital, la Cámara de Diputados en Chile ha aprobado un proyecto de ley que consagra Internet como un servicio público. Este cambio legislativo propone que la provisión de Internet pueda ser fiscalizada de la misma forma que la telefonía móvil, y se espera que habilite una serie de herramientas para mejorar el acceso a la conectividad digital en el país.
El proyecto, impulsado durante el segundo Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, requiere que sea promulgado y que se aprueben los reglamentos asociados antes de que pueda entrar en vigor. Una vez implementado, permitirá a las autoridades fiscalizar la provisión de Internet de la misma manera que supervisan los servicios de telefonía móvil.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, declaró que este proyecto representa un gran avance en el reconocimiento de derechos en una sociedad cada vez más digitalizada. “Las familias de nuestro país recibirán una respuesta clara y oportuna acerca del tiempo que demorarán en acceder a los servicios. No hay cupo o no hay factibilidad técnica no podrá ser una respuesta de las empresas a la hora de llegar con Internet fijo a las diferentes zonas de nuestro país.», señaló Araya. La aprobación de este proyecto promete más conectividad digital en todo el territorio nacional, de manera equitativa y superando las brechas de acceso.
Este proyecto de ley es visto como un paso importante hacia la igualdad de acceso a Internet y la reducción de la brecha digital, especialmente en las zonas rurales donde la conectividad puede ser limitada. “Uno de nuestros desafíos como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es acortar brechas y emparejar la cancha en todo el sentido de la frase: queremos que más personas tengan acceso a servicios tan relevantes como Internet, que hoy consideramos es un servicio básico», afirmó la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Alejandra Maureira.
Maureira también señaló que muchas localidades rurales actualmente quedan fuera de la conectividad digital porque las empresas no tienen incentivos comerciales para llegar. Sin embargo, este proyecto pone por encima de todo la garantía de acceso a la conectividad digital de las personas, independiente de dónde vivan.
La aprobación de la ley también conlleva varios beneficios como la profundización de la obligatoriedad de las empresas en prestar servicios de conectividad digital en todos los lugares donde tengan cobertura. Esto significa la eliminación del concepto de zonas rojas como un limitante para proporcionar servicios a ciertas áreas del país.
Además, este proyecto fortalecerá la labor fiscalizadora de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, permitiéndole incrementar las sanciones y multas por incumplimientos legales y regulatorios por parte de las empresas de telecomunicaciones. También permitirá la creación de mecanismos para otorgar subsidio a la demanda, ayudando así a las familias a costear los planes de Internet hogar.
En resumen, este proyecto de ley es un salto adelante en el reconocimiento de Internet como un servicio básico y en la lucha por la igualdad en el acceso a la conectividad digital. Al eliminar las barreras para la expansión de los servicios de Internet y al fortalecer la capacidad de fiscalización del gobierno, esta ley promete hacer de la conectividad digital una realidad para todos los ciudadanos de Chile, independientemente de dónde vivan o cuál sea su situación económica.