El escándalo de corrupción ha estallado en el gobierno regional de la ciudad, con funcionarios y exfuncionarios del gobierno presentando una denuncia contra la gobernadora, Krist Naranjo, por el delito de extorsión. La denuncia fue presentada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida ante la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
Según los documentos, Naranjo habría nombrado a una funcionaria de confianza, conocida como «recaudadora», para recoger dinero en mano y luego entregárselo en efectivo. Estas entregas de dinero se llevarían a cabo tanto en la casa fiscal que utiliza Naranjo como en su oficina del Gobierno Regional (GORE).
Un funcionario, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, indicó: “Naranjo manda a la administradora regional a cobrar en mano. Para evitar dejar registro, optó por recibir en efectivo. Luego, se los pasaba en billetes a la gobernadora tanto en la oficina como en la casa fiscal”. Los montos variarían desde los $50 mil hasta 500 mil pesos al mes.
La denuncia identifica a la administradora regional, Karina Aguirre, como la mano derecha de Naranjo en este esquema de extorsión. Aunque Aguirre es una figura poco conocida para el público en general, se considera una de las personas más cercanas al círculo de hierro de la gobernadora.
Karina Aguirre tiene una vasta trayectoria en municipios de la provincia de Limarí, principalmente en Monte Patria y Punitaqui, antes de llegar al gobierno regional. A pesar de ser descrita por algunos como una mujer de carácter fuerte y prepotente con sus subordinados, con el público en general se destacaba por ser una persona cordial y simpática.
Un exfuncionario del GORE afirma que Karina Aguirre es la mano ejecutante de la gobernadora. “Es la que comunica los despidos. Asume que su rol es obedecer y actuar a como dé lugar lo que se le encomendó, usando el maltrato si es necesario y/o la invisibilidad funcionaria”, señala el profesional.
Funcionarios del municipio de Punitaqui señalan que Aguirre ocupaba el puesto de administradora municipal y DIDECO. “Era cercana al alcalde Carlos Araya, quien confiaba en ella para dejarla de subrogante. Los funcionarios le decían ‘la Mam’, porque era una verdadera mamá que imponía orden y los retaba”, sostuvo un funcionario municipal.
La llegada de Aguirre al GORE, de la mano de un conocido suyo en sus labores municipales como Félix Michea, no estuvo exenta de polémica. Fue objeto de críticas por parte de los consejeros regionales, quienes cuestionaron su nombramiento, debido a que Aguirre fue denunciada por dos concejalas de Punitaqui ante la Contraloría por falta de probidad administrativa durante su desempeño en el municipio.
“Ella salió mal del municipio cuando estaba la denuncia en la Contraloría de las concejalas, cuando se fue a la gobernación”, ratificó otro funcionario de Punitaqui.
En su oportunidad, el consejero Francisco Martínez fue uno de los primeros en expresar su inquietud por los sumarios en contra de la administradora regional, ya que estos podrían perjudicar al gobierno regional si se contrataba a personas con conflictos en algunas municipalidades.
Para su par, Cristian Rondanelli, aquí existen temas complejos, porque se utiliza la asignación crítica para exigirle a los funcionarios una cuota. “La persona que hace la denuncia apunta a personeros de confianza de la gobernadora dedicados a la recaudación de estos fondos. Es un tema complejo y viene a ratificar que la gestión de la gobernadora es un mal manejo del aparato público en general”, afirmó.