El Tribunal Ordena el Desalojo de la Toma de La Rinconada del Sauce en Coquimbo
La existencia de la toma de La Rinconada del Sauce en Coquimbo parece llegar a su fin. Desde enero de 2022, este terreno ha sido ocupado ilegalmente, pero el pasado jueves 22 de agosto, se llevó a cabo una audiencia en la que el tribunal acogió la medida cautelar de desalojo, otorgando a los ocupantes 15 días para abandonar el lugar.
Ámbar Díaz, vecina del sector de Rinconada, explicó que esta decisión se enmarcó en la audiencia de este mes, destinada a revocar la suspensión condicional del procedimiento. Este procedimiento se había acordado previamente entre las partes involucradas, con la condición de que los ocupantes abandonaran la toma en un plazo de 70 días, algo que no ocurrió. “El tribunal, gracias a la reforma del delito de usurpación, permitió el desalojo como medida cautelar, algo que antes no se contemplaba. El tribunal acogió esta medida y les dio 15 días para efectuar el desalojo”, señaló Díaz. Los campamentos Rocas del Viento 2000 y Esperanza en Jesús son los principales asentamientos en el área afectada.
Ámbar Díaz indicó que las personas involucradas están inscritas en comités de viviendas y reciben subsidios de arriendo, lo que significa que tienen una solución habitacional. “Ellos quieren que se espere hasta que les entreguen sus viviendas, pero eso no corresponde. Nosotros no podemos esperar más porque las promesas que les hicieron no tienen un plazo fijo. Podrían pasar uno, dos o diez años sin una solución. Nosotros, como vecinos, no podemos esperar tanto tiempo”, afirmó la dirigente, puntualizando que son alrededor de 20 familias las que se acogieron al procedimiento original y no cumplieron con abandonar el lugar. “Varias se han ido, pero las que se quedaron componen un comité. Han llegado personas después o son familiares de quienes estaban en la toma”, añadió Díaz.
De esta forma, la dirigente espera que la segunda quincena de septiembre se realice el tan esperado desalojo. “Esperamos que sea pronto, porque luego vienen las Fiestas Patrias y los contingentes de Carabineros estarán ocupados, lo que podría dilatar el tema”, aseveró. Sin embargo, Díaz también reconoció que han insistido en que estas personas abandonen el lugar debido a que la situación de convivencia ya no es sostenible. “Las fiestas los fines de semana son constantes, y de vez en cuando hay disparos y peleas entre ellos, además del aumento de los delitos en las poblaciones colindantes”, explicó.
Por su parte, el abogado Omar Vargas Páez, de la Inmobiliaria Olivar, propietaria de los terrenos tomados, aseguró que se aplicará la medida cautelar de desalojo utilizando la fuerza pública. “El tribunal ya dictó una sentencia que establece que dentro de los próximos 15 días deben abandonar el lugar, y Carabineros debe ejecutar el desalojo”, sostuvo Vargas.
En ese sentido, destacó además que es la primera vez que un tribunal de la región establece esta medida desde la vigencia de la nueva normativa de usurpación. “Es importante aclarar que no son tantas las familias que actualmente viven en la toma; no son más de 30 familias. Sin embargo, los catastros que ellos hicieron y presentaron a la delegación presidencial indicaban que eran 70, lo cual no es cierto. Solo basta con ir a ver para comprobar que no son tantas personas. Ellos intentan aparentar ser más para obtener un beneficio de la justicia. Es fundamental entender que un particular no puede asumir la entrega de beneficios a familias vulnerables. Eso es una obligación estatal”, finalizó el abogado.
Por su parte, el fiscal Juan Pablo Aguilera, de la Fiscalía local de Coquimbo, confirmó que se solicitó la revocación de la suspensión condicional del procedimiento “debido al incumplimiento de los plazos previstos. Solicitamos que se dejara sin efecto esa suspensión y que la causa continuara hacia un juicio oral. Además, pedimos al Juzgado de Garantía de Coquimbo la medida cautelar de desalojo, a la cual el tribunal accedió. Sin embargo, la defensa presentó una apelación, que está pendiente de resolución por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena”, aseveró Aguilera.
Por su parte, el general Juan Muñoz Montero, jefe de la zona de Carabineros de Coquimbo, indicó que, si existe una orden del tribunal, la institución deberá presentar el auxilio de la fuerza pública por ley. “Tenemos que operacionalizar esa instrucción judicial y ver con los medios que podemos contar para desarrollar un desalojo de tal magnitud, considerando que hay menores de edad, personas de la tercera edad o con movilidad reducida”, indicó el general.
Respecto a los plazos, Muñoz aseveró que todo se coordinará con el tribunal según las instrucciones que se den en su momento.