El abogado Luis Soto, quien se encuentra en el centro de una controversia legal por la liberación de cinco reclusos pertenecientes al Tren de Aragua, a quienes se les había impuesto prisión preventiva por un presunto secuestro de un ciudadano venezolano, otorgó una entrevista a CIPER para dar a conocer su versión de los eventos que tuvieron lugar el día del juicio en el Tribunal de Los Vilos.
Soto, que ha sido separado del Ministerio Público, aseguró en la entrevista que no contaba con los antecedentes del caso antes de la audiencia del 3 de junio. Según afirma, no se le proporcionó ninguna información sobre la investigación hasta 15 minutos antes del inicio de la audiencia, momento en el que se le entregó una carpeta de 3000 páginas.
Además, el abogado se queja de haber sufrido maltrato por parte de sus colegas desde que llegó a la Fiscalía. En un punto álgido de la audiencia para revisar las medidas cautelares, la jueza Daniella Pinto lo amenazó con denunciarlo ante sus superiores, un incidente que Soto describe como humillante.
En cuanto a las acusaciones de que podría haber sido sobornado o extorsionado, Soto las desmintió rotundamente. «No sabía que se trataba del Tren de Aragua», afirmó, añadiendo que solo se le indicó que debía oponerse a revocar la prisión preventiva de los acusados.
A finales de junio, Soto fue notificado de su despido del Ministerio Público, y se inició una causa administrativa y penal en su contra por su actuación en la audiencia del 3 de junio. Al respecto, solicitó que se revisen las cámaras de la fiscalía para que se pueda ver claramente cuándo se le entregó la información para afrontar el juicio.
Soto afirma que le entregaron solo 15 de las 17 carpetas que debía presentar en el juicio el lunes. «De esas dos que no me entregaron, una era la que nos tiene aquí», asegura Soto, haciendo referencia al caso del Tren de Aragua.
Soto también habló de su llegada a la Fiscalía y de cómo fue recibido por sus colegas. Asegura que, a pesar de su experiencia previa de 30 años como funcionario de Carabineros, nunca había sido recibido de una manera tan hostil. Uno de sus colegas, el abogado asistente Manuel Carvajal, incluso llegó a decirle que no entendía cómo el fiscal había aceptado a Soto, dado que este no tenía experiencia en el trabajo del Ministerio Público.
Al ser preguntado sobre su mea culpa en lo sucedido, Soto señaló que debería haber informado a la Fiscalía Regional sobre el trato que estaba recibiendo y la forma en que se estaba trabajando allí. Asegura que los abogados asistentes deben litigar con una minuta donde el fiscal encargado de la causa les entrega claramente lo que tienen que hacer en cada audiencia.
Finalmente, Soto negó haber recibido cualquier tipo de pago en relación con el caso. «Ya hice entrega de mi cuenta corriente. Tengo una sola cuenta, la que me abrió Carabineros en su tiempo. Hice entrega de mis correos electrónicos, de mi teléfono, de todo para que se revisara. Yo descarto que hubiera sido amenazado y también descarto de plano que yo hubiera sido pagado», concluyó.