¿Acortar la URL? así es el ingenioso método con el que ciberdelincuentes pueden atacar tu PC y teléfono

El auge de las tecnologías digitales ha transformado la manera en que vivimos y trabajamos, pero también ha abierto oportunidades para actividades ilegales en línea. Los ciberdelincuentes están aprovechando la información mínima que ofrecen las URL cortas para disfrazar archivos portadores de malware y programas maliciosos, ejecutando ataques de ingeniería social que pueden resultar en técnicas como el phishing y el smishing.

Una URL corta es una dirección web que muestra menos caracteres que la dirección original, pero que dirige al usuario a la misma página. Normalmente, se muestra como una combinación de números y letras, lo que impide que los usuarios sepan con seguridad el contenido al que van a acceder. Su fácil creación, a través de herramientas como Ow.ly, Buffer o TinyURL, es un regalo para los ciberdelincuentes, que disfrazan malware con estos enlaces y los distribuyen a través de redes sociales y otras plataformas.

Estos enlaces permiten a los agentes malintencionados poner a disposición de los usuarios webs presuntamente legítimas que pueden dirigirles a webs de descarga de archivos o programas infectados y sin su consentimiento. Según José Rosell, CEO de S2 Grupo, aunque «a la tecnología no hay que tenerle miedo», es esencial conocer dónde puede surgir un ciberpeligro para actuar «de manera responsable y segura».

Sin embargo, los ciberdelincuentes no son los únicos que hacen un uso indebido de las URL acortadas. Existen empresas que pueden emplearlas para crear perfiles de usuario y usar técnicas de fingerprinting o huella digital. De esta manera, pueden rastrear la ubicación de los usuarios a través de la dirección IP y así poder ofrecer anuncios personalizados.

La firma de ciberseguridad S2 Grupo advierte que estos enlaces también pueden dirigir a los usuarios a páginas web fraudulentas que suplantan la identidad de otras, exponiendo a los usuarios a ser víctimas de phishing y smishing.

Para protegerse de una URL corta, es aconsejable no facilitar ninguna información privada, contraseña o datos de acceso a ninguna web a la que se haya accedido desde un enlace corto. En lugar de seguir la URL potencialmente fraudulenta, es mejor introducir la web original y comenzar a operar desde cero.

S2 Grupo también recomienda verificar que la web a la que se accede es segura y cuenta con el protocolo HTTPS en su inicio. Es importante que aparezca un candado de seguridad junto a esta nomenclatura. En caso de haber accedido a la web, se recomienda realizar un análisis con el antivirus que esté instalado en el dispositivo. Si se han facilitado contraseñas, estas deben cambiarse.

Por último, se pueden emplear herramientas de Internet como CheckShortURL, que puede analizar estos hipervínculos y previsualizar las páginas web a las que se va a acceder, con el fin de mostrar si existe algún tipo de software malicioso en el enlace. En tiempos de creciente dependencia de las tecnologías digitales, es esencial adoptar estas prácticas seguras para garantizar nuestra salud y bienestar digital.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.