La gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, enfrenta acusaciones de extorsión, lo que ha profundizado la tensión entre los funcionarios del Gobierno Regional y la autoridad electa. Según las denuncias, Naranjo habría solicitado dinero a sus empleados para financiar su campaña de reelección. Las investigaciones están en curso y se llevan a cabo con la máxima discreción debido a la gravedad de las acusaciones.
La denuncia contra la gobernadora fue presentada por el diputado Juan Manuel Fuenzalida a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, luego de recibir información de los presuntos afectados. Según los denunciantes, las acciones de Naranjo eran recurrentes e incluso llegaron a amenazar con despidos. La gestión de Naranjo también ha estado marcada por denuncias de maltrato y faltas a la probidad.
El fiscal Carlos Vidal está a cargo de la investigación y la causa tiene carácter reservado, por lo que los detalles se manejan con cautela. La investigación está en manos de la Sección Anticorrupción del OS7 de Santiago.
Paralelamente, la Contraloría General de la República inició una investigación de oficio, a pesar de que ya se había presentado una denuncia el 1 de abril por presuntos cobros ilegales de la gobernadora a los funcionarios.
El caso ha avanzado en las últimas semanas, tanto en el aspecto penal como administrativo, con la toma de declaraciones. Varios de los presuntos afectados, exfuncionarios del Gobierno Regional cuyas identidades están protegidas, fueron entrevistados el 22 de mayo. Estos supuestamente proporcionaron documentación para respaldar sus denuncias, que ahora se están estudiando para determinar la eventual existencia de delitos.
La CGR también ha estado citando a funcionarios para declarar en la investigación administrativa. Entre ellos se encuentran los jefes de las divisiones de Presupuesto Regional y de Infraestructura y Transporte, así como a otros funcionarios de confianza.
Uno de los aspectos a aclarar mediante las diligencias de la Contraloría se refiere a posibles irregularidades de la gobernadora en la asignación de funciones críticas.
En cuanto a los avances en el caso, el diputado Fuenzalida ha expresado su satisfacción con el desarrollo de las diligencias y ha destacado que la Fiscalía está tomando el camino correcto para esclarecer cómo operaba la gobernadora.
Los hechos en investigación son diferentes a aquellos que llevaron a sanciones impuestas por la Contraloría a la gobernadora regional de Coquimbo, que están ahora en manos de la Corte Suprema. El caso anterior se refería a faltas a la probidad y al mal uso de un vehículo fiscal, lo que resultó en una investigación administrativa.
La gobernadora Naranjo ha sido consultada sobre la posibilidad de repostularse en las elecciones de octubre. Aunque ha admitido que ha recibido «llamados de varios partidos», su decisión podría depender de las definiciones que hagan los diferentes pactos políticos para las elecciones de gobernador regional.
En caso de que Naranjo deje el cargo y la Corte Suprema aún no se haya pronunciado, la abogada María José Lira explica que el tribunal deberá emitir un fallo y, si se ratifica la sanción, los antecedentes de la sanción quedarán en el expediente de Naranjo y podrían tener repercusiones en caso de que opte a otro cargo público.