El caso de Romario Veloz, un joven asesinado en medio de una manifestación durante el denominado “estallido social” en Chile, continúa en la corte causando gran controversia. En enero, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la sentencia que condenó al capitán del Ejército, José Faúndez, a 15 años de prisión por su crimen. Sin embargo, la justicia chilena aún no ha cerrado este caso, añadiendo más complejidad a la situación.
El día del crimen, Veloz participaba en una manifestación que culminó cerca del terminal de buses, un sector donde operaba un pelotón comandado por Faúndez. El pelotón se enfrentaba a un saqueo en Mall Plaza, y en ese contexto, Veloz fue abatido. El caso de Veloz se llevó a la justicia junto con el de otros dos jóvenes que sufrieron lesiones graves ese día.
A pesar de la condena inicial, Faúndez se encuentra nuevamente en calidad de imputado, siendo trasladado desde Colina 1 a un recinto militar. Esto ocurrió después de que la Corte Suprema acogiera una queja presentada por la defensa contra el fallo de la Corte de La Serena, dando una orden de no innovar. Esta decisión mantiene el caso en incertidumbre.
Carlos Tello, el abogado que representa a la madre de Veloz, indicó que la defensa debería llamar a alegatos para definir el futuro de la causa, pero aún no hay nada definido. Tello también señaló que existe poca claridad sobre la finalidad de la acción presentada ante el máximo tribunal del país.
Además de Faúndez, José Arenas también se encuentra en esta situación. Arenas fue condenado a 5 años de prisión por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. Tello criticó que las defensas buscan impunidad para sus clientes, buscando que cumplan sus condenas en el regimiento y no en la cárcel común.
Mery Cortez, madre de Romario Veloz, se encuentra fortalecida para seguir luchando en la causa por la muerte de su hijo. Cortez considera que los militares están en una situación de privilegio y reafirmó que seguirá insistiendo para que cumplan sus condenas en la cárcel.
Además de Faúndez y Arenas, otros dos militares se encuentran en medio de procesos judiciales por sus acciones durante el estallido social. Carlos Robledo y Milován Rojas eran conscriptos cuando ocurrieron los hechos. Robledo fue condenado a 10 años de prisión por violencia innecesaria con resultado de muerte y se encuentra cumpliendo condena en la cárcel. Rojas, por otro lado, fue condenado a 5 años por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. En su caso, la Corte de La Serena accedió a que cumpliera su condena de forma alternativa, por lo que actualmente se encuentra con libertad vigilada.
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre el público y las fuerzas armadas en Chile, y la lucha por la justicia en casos de violencia durante manifestaciones. A medida que el caso de Romario Veloz continúa desarrollándose, la sociedad y la justicia chilena se enfrentan a preguntas difíciles sobre la responsabilidad, la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia en un clima de protesta social.