El gobierno regional de Coquimbo se ve sacudido por un escándalo de corrupción que involucra a su gobernadora, Krist Naranjo. La Contraloría Regional de Coquimbo ha iniciado un proceso disciplinario contra Naranjo, que se enfrenta a denuncias de haber solicitado dinero a funcionarios del gobierno regional para financiar su campaña de reelección.
Este caso se encuentra en dos frentes de investigación: una arista administrativa que se indaga en la Contraloría y una denuncia de extorsión presentada ante la fiscalía. Además, es importante mencionar que estos hechos son independientes a otro proceso que se lleva en curso por el mal uso de vehículo fiscal y faltas a la probidad cometidas por Naranjo, que resultó en una sanción de suspensión ahora en manos de la Corte Suprema.
Según la resolución de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo, se citó a declarar a 12 funcionarios del gobierno regional, de los cuales cuatro confirmaron las denuncias. Estos funcionarios incluyen a un trabajador en ejercicio y tres exfuncionarios. El resto de los funcionarios negó la existencia de tales prácticas y tres exfuncionarios afirmaron no haber realizado ningún aporte en dinero.
Las cuatro declaraciones que afirman las acusaciones coinciden en que la gobernadora había condicionado la entrega de la asignación de funciones críticas a ciertos funcionarios a cambio de aportes monetarios destinados a su campaña de reelección. También se señala que Naranjo habría vinculado la continuidad laboral a la entrega de estos recursos.
Los cobros habrían comenzado en 2023, solicitando el aporte de $500.000 a quienes percibían la asignación de funciones críticas, de $50.000 como mínimo en caso de no recibir tal asignación y el mismo monto a las personas contratadas a honorarios. Este dinero se entregaba, generalmente en efectivo, a la administradora regional, Karina Aguirre, quien luego lo entregaba, también en efectivo, a Krist Naranjo. Además, se reveló el registro de una transferencia bancaria realizada a la cuenta personal de Aguirre con la misma finalidad.
Debido a las denuncias, la Contraloría decidió instruir un procedimiento disciplinario para investigar los hechos, ya que podrían configurar una contravención al principio de probidad administrativa. Además de la investigación interna, se decidió remitir una copia de la resolución a la Fiscalía Local de La Serena y al abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado.
El caso también llegará a la Dirección Regional del Servicio Electoral, en consideración a la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. La ley estipula que los aportes privados a las campañas electorales deben ser transparentes y están sujetos a límites estrictos para evitar la influencia indebida en el proceso político.
Si las acusaciones se comprueban, podrían tener graves consecuencias para Naranjo, incluyendo posibles sanciones penales y la pérdida de su cargo. Sin embargo, hasta que se complete la investigación, Naranjo mantiene su presunción de inocencia. Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la probidad en la administración pública, y cómo su incumplimiento puede socavar la confianza en las instituciones gubernamentales.