El lunes comenzó con una tensa expectativa en el gobierno regional de Coquimbo después de que la Corte Suprema confirmó las sanciones impuestas por la Contraloría contra la gobernadora, Krist Naranjo, por el mal uso de un vehículo fiscal. La decisión del tribunal, que coincide con la del organismo en la mayoría de los puntos revisados, redujo la medida a una suspensión de dos meses, que ya debería estar en ejecución.
Naranjo, sin embargo, llegó a su oficina y estuvo en una reunión a puertas cerradas durante un par de horas antes de salir a dar sus primeras declaraciones sobre el caso. Su equipo de prensa convocó a los medios a las 12:30 horas en las instalaciones del GORE, donde se encontraba Naranjo con sus jefes de división.
Durante la conferencia de prensa, la gobernadora criticó las acciones contra ella, argumentando que los partidos políticos, los consejeros regionales y otros actores buscan «causar daño» a su gestión. Naranjo, quien es la primera gobernadora electa en la Región de Coquimbo, independiente y mujer, también destacó las diferencias entre las infracciones que le fueron encontradas y otros casos de mayor gravedad, como el «Papaya Gate» o el «caso convenios» a nivel nacional.
A pesar de considerar que existió un “intervencionismo político que supera cualquier criterio humano”, Naranjo declaró que “asumo la sanción administrativa impuesta y con humildad”. Sin embargo, señaló que la resolución “no establece las condiciones en que se debe aplicar” la sanción y anunció que sus abogados están “viendo este tema con los organismos correspondientes”.
En cuanto a su presencia en el edificio del GORE, Naranjo indicó que no ha sido notificada del fallo y confirmó que seguirá cumpliendo funciones, lo que incluye la presidencia de la sesión del Consejo Regional programada para ese día. Al mismo tiempo, se presentó un “recurso de aclaración” por su abogado, Isidro Solís, en la Corte Suprema.
El documento enfatiza que la Contraloría no tendría facultades para imponer sanciones disciplinarias debido a la naturaleza de su cargo de elección popular, sino que es competencia exclusiva del TRICEL.
La decisión ha provocado incertidumbre entre los consejeros regionales, especialmente porque es la primera autoridad en el cargo que recibe una sanción de este tipo. Cristian Rondanelli, consejero regional, expresó que existen varias interpretaciones legales y que la gobernadora podría estar fuera de la ley. Por su parte, Francisco Martínez habló de «una jurisprudencia ambigua» que deja «en el aire» la sentencia.
Javier Vega, otro consejero, afirmó que “el fallo está ratificado y esperamos que se logre notificar”, haciendo un llamado “a quien tenga que asignarse la tarea, que lo hagan prontamente”, indicando que “no podemos vivir en un gobierno regional irregular”.
María José Lira, abogada experta en derecho administrativo y académica de la Universidad Central, explicó que “la sentencia de la Suprema se cumple desde que se notifica y esa sentencia fue notificada a la gobernadora a través de su abogado. Desde ese momento, la sentencia está en condiciones de cumplirse”. Lira considera que el recurso de aclaración presentado por el abogado de Naranjo es «algo meramente dilatorio» y que no suspende la aplicación de la sanción, a menos que la misma Suprema lo decida una vez que lea el recurso.
En ese sentido, Lira señaló que sobre la materia sancionada, que es el mal uso de vehículo fiscal, “las competencias están entregadas directamente a la Contraloría”. La abogada concluyó que, aunque no aplicaría la figura del desacato, “la resolución está notificada y la gobernadora debiese estar cumpliéndola desde el mismo sábado”.