Comunicación e Ideología

El texto introduce las características principales del pensamiento nacional a partir de ubicar a sus exponentes más destacados en un diálogo histórico. Además, discute los fundamentos de la visión colonial.

Por Diego Eloy Ramírez (*)

En un texto fundamental del pensamiento nacional, Raúl Scalabrini Ortiz asevera que “todo lo que nos rodea es falso e irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron. Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los textos aseguran […] Volver a la realidad es el imperativo inexcusable. Para ello es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa”. (Política Británica en el Río de La Plata).

Esta contundente afirmación de Scalabrini Ortiz tiene una vigencia absoluta a la hora de pensar la realidad nacional hoy. En las semicolonias, como la Argentina, el control se da por la penetración cultural y no a través del poder coercitivo. En este sentido, la colonización pedagógica toma una relevancia vital.

Según Arturo Jauretche, otro de los grandes pensadores nacionales, esa colonización pedagógica está centrada en sus verdaderos términos en el libro de Jorge Abelardo Ramos, Crisis y resurrección de la literatura argentina. Allí, Ramos explica que “en la medida que la colonización pedagógica no se ha realizado, sólo predomina en la colonia el interés económico fundado en la garantía de las armas. Pero en las semicolonias, que gozan de un status político independiente decorado por la ficción jurídica, aquella ‘colonización pedagógica’ se revela esencial, pues no dispone de otra fuerza para asegurar la perpetuación del dominio imperialista, y ya es sabido que las ideas, en cierto grado de evolución, se truecan en fuerza material. […] La cuestión está planteada en los hechos mismos, en la europeización y alienación escandalosa de nuestra literatura, de nuestro pensamiento filosófico, de la crítica histórica, del cuento y del ensayo. Trasciende a todos los dominios del pensamiento y de la creación estética y su expresión es tan general que rechaza la idea de una tendencia efímera. […] Bajo estas condiciones históricas se formó nuestra élite intelectual”.

Es decir, nuestro país no podrá desarrollarse nunca bajo las condiciones actuales, ya que la hegemonía que construye el poder dominante mantiene la superestructura cultural que impide, precisamente, la liberación y el desarrollo de nuestra nación.

Entendemos aquí hegemonía como la dirección intelectual y cultural de la sociedad. Siendo más precisos, y en palabras de Néstor García Canclini, la hegemonía “es entendida —a diferencia de la dominación, que se ejerce sobre adversarios y mediante la violencia— como un proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre “funcionales” para la reproducción del sistema. […] Al tratarse de hegemonía y no de dominación, el vínculo entre ambas clases se apoya menos en la violencia que en el contrato: una alianza en la que hegemónicos y subalternos pactan prestaciones ‘recíprocas’” (¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?).

Esa construcción de hegemonía hace que pensar en nacional, en una semicolonia como la Argentina, no sea una opción, sino una necesidad en contraposición al pensamiento colonizado.

Pero, ¿qué significa “pensar en nacional”? Históricamente, la bibliografía académica ha señalado que no existe un pensamiento nacional, ya que el pensamiento es universal, que las ideas nada tienen que ver con la nacionalidad. “El pensamiento no tiene nacionalidad; circula libremente por la república universal de los intelectuales, ignorando las fronteras estatales, y sólo se diferencia por la calidad o la originalidad. Los ‘intelectuales nacionales’ también se han nutrido de autores extranjeros”, escribió alguna vez en el diario La Nación el historiador Luis Alberto Romero. Esta desconfiguración del concepto (nada inocente, por cierto) lleva a emparentar el pensamiento “nacional” con el pensamiento “nacionalista”, en cuanto este último expresa una noción xenófoba y reaccionaria que nada tiene que ver con pensar en nacional.

Por eso, en este sentido, debemos ser contundentes. Las ideas no son nacionales o coloniales en razón del espacio geográfico en que se originan. Es demasiado evidente que las ideas no tienen patria, lo que no impide que exista un pensamiento nacional. Porque las ideas son nacionales, no por el país en que se originaron, sino por la función que cumplen en la sociedad. “Si concurren a quebrar el vasallaje— afirma el ensayista Norberto Galasso en su libro ¿Cómo pensar la realidad nacional?— son nacionales y, si favorecen su consolidación, son coloniales, no importando que unas y otras hayan sido elaboradas aquí o en el extranjero”. Es por esta razón que los ministros de economía que tuvimos como Álvaro Alsogaray, Alfredo Martínez de Hoz, Domingo F. Cavallo, fueron antinacionales (por más que hayan nacido en Argentina); pues en ellos recae la responsabilidad de haber sido artífices de obscenos endeudamientos, condicionando de este modo el desarrollo de la nación a través del poder económico transnacional. En sentido contrario y a modo de ejemplo, podemos señalar que las ideas del Premio Nobel en economía Joseph Stiglitz, pueden ser nacionales (por su mirada crítica al FMI, organismos internacionales y a la globalización) por más que haya nacido en Estados Unidos.

Pero pensar en nacional tampoco debe limitarse a una categoría ideológica. Hay ideas que a priori son revolucionarias y por lo tanto nacionales, pero que funcionaron en otros lugares, con otros procesos políticos, en otro cuadro histórico, y que al trasladarlas acríticamente a nuestra realidad no cumplen con ese objetivo. Es necesario recurrir a eso que afirmaba el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez: “o inventamos o erramos”.

Problemas singulares como los nuestros necesitan respuestas distintas y para eso es necesario entender los procesos políticos concretos de cada región. Es decir, tener en cuenta la realidad específica de los pueblos y no escaparse únicamente por las abstracciones conceptuales que, muchas veces, nada tienen que ver con los procesos políticos de transformación que se dan en las sociedades.

En este sentido, John William Cooke afirmaba que “no hay que encerrarse en cuevas ideológicas porque afuera pueden estar sucediendo cosas importantes y uno enterarse demasiado tarde o no enterarse nunca” (Apuntes para la militancia).

Los documentos políticos, por ejemplo, del líder oriental José Gervasio Artigas toman muchos de los conceptos del pensamiento contractualista europeo, en especial de Rousseau. Allí se habla de ley, razón, contrato social, constitución, libertad, propiedad. Artigas plantea la necesidad de establecer un contrato social. Sin embargo, como nos explica la socióloga Alcira Argumedo en su trabajo Los silencios y las voces en América Latina, lo que preside e inspira la necesidad de este contrato en Artigas “no es el resguardo del libre goce de la propiedad privada individual, sino que se trata de un contrato entre comunidades, provincias o regiones, para la salvaguarda de la independencia de la nación. Los contratantes no son individuos sino los pueblos y provincias, donde la libertad es a un mismo tiempo independencia y federalismo en cuyo marco –y solo allí- cobra sentido y es posible la libertad individual”. Asimismo —agrega Argumedo— “el concepto de propiedad adquiere un significado diferente, en tanto la promoción de este derecho no podía desvincularse de la lucha política por la independencia y del sentido de justicia igualitaria de sus bases sociales”.

América Latina tiene unas especificidades tan peculiares, tan distintivas, que se hace imposible querer abordarla mediante dogmas ideológicos sin adaptación a nuestras realidades. Debemos comprender que existe una presión imperial que recorre toda la historia de Latinoamérica y que hay una línea histórica que recupera las ricas tradiciones populares, las luchas de la independencia y las resistencias. Estas cuestiones fueron generando toda una identidad social, heterogénea, pero que se fue procesando en articulaciones mayores, y de ahí, un pensamiento profundamente antiimperialista, es decir, un pensamiento nacional. Por lo tanto, trasladar cualquier idea, por más buena que sea, sin tener en cuenta nuestra realidad semicolonial, nos llevará inevitablemente al fracaso.

Pensar en nacional es un pensar situado en nuestra realidad histórica, política y social. Sin rechazar ninguna idea por “foránea”, pero adaptándola a las realidades de nuestros pueblos y en función de un objetivo: la liberación y el progreso histórico. Pensar en nacional es, como tan bien sintetizara Arturo Jauretche, “lo universal visto por nosotros”.

(*) Licenciado en Periodismo (UNLZ). Docente universitario. Miembro de la cátedra de Pensamiento Nacional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Docente de enseñanza terciaria en el Centro de Producción y Educación Artístico Cultural N° 1 (CePEAC) de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

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Revista Punzó21 mayo, 2021

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.