Este viernes 6 de enero se anunció que la conocida empresa Microplay iniciará una liquidación voluntaria de sus activos y cesará sus operaciones en Chile.

Aunque no es la primera vez que se da a conocer la noticia del cierre, y algunos clientes se han mostrado tranquilos, todo parece indicar que esta vez no se trata en absoluto de un rumor.

El eslogan de la tienda es “La vida es para jugarla“, pero, como cualquier juego, existe la posibilidad de fallar, y parece que se acabó el juego para la popular compañía. Fue el resultado de problemas económicos lo que los llevó a dar su último y audaz movimiento.

“Se nos ha hecho imposible continuar operando la empresa Microplay S.A., y hoy se inició un procedimiento de liquidación voluntaria con el objetivo de liquidar todos los bienes de la empresa y pagar a todos los acreedores con los productos de esta realización”, indicaron.

“Este procedimiento procurará respetar la presencia legal de todos los acreedores y velar por la maximización de los activos de la compañía”, agrega el comunicado.

Un cierre esperado

Para una situación como la que está entrando Microplay, es importante mirar lo que se está considerando en un procedimiento de quiebra de liquidación voluntaria, además de un eventual cierre.

Se trata de una acción judicial que tiene la capacidad de “liquidar de forma rápida y eficaz los bienes de una empresa deudora a favor del pago por parte de sus acreedores”, detalla la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

De esta forma, la empresa insistirá en poder vender sus activos. Esto es para pagar a sus proveedores, varios colaboradores e incluso a sus trabajadores.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.