“Creemos que fueron las mismas personas”: mujer sufre el robo de su vehículo dos veces en un mes en La Serena

En febrero de este año, Rocío logró el sueño de tener el coche que siempre había querido. Un vehículo robusto, 4×4, amplio para una familia de siete, un auto que incluso fue a buscar personalmente a Puerto Montt. Sin embargo, su alegría duró poco. Apenas cuatro días después de la compra, y ya de vuelta en La Serena, el vehículo fue robado.

«Como trabajo en el centro, me preocupé especialmente de estacionarlo en un lugar visible, iluminado. Pasé por esa calle a las 15.27 y lo miré (…). Volví a pasar diez minutos más tarde y el auto simplemente había desaparecido», cuenta Rocío con emoción.

Comenzó entonces una odisea de incredulidad y sorpresa, realizando los trámites relacionados con la denuncia. En su camino a Carabineros, la llamó la anterior dueña del vehículo para avisarle que los documentos y videos donde aparecía el auto estaban en Las Compañías. «Partimos de inmediato con Carabineros, y no solo encontramos los papeles, sino que el auto escondido, que tenía una ventana quebrada y le faltaba el computador. Entonces, concretamos la recuperación rápida y gracias a la ayuda de los carabineros, lo pudimos mover, porque como estaba sin el computador, tuvimos que arrastrarlo», relata Rocío.

Después de recuperar su auto, Rocío lo mantuvo estacionado durante tres semanas mientras reunía las piezas faltantes, incluido el computador, fundamental para que el auto iniciara y se mantuviera en movimiento. Pero la sorpresa y la desilusión volvieron a golpearla. «Eran cerca de las 10 de la noche, cuando me avisan que el auto no estaba dónde lo manteníamos guardado», relata Rocío.

Y efectivamente, en una especie de deja vu, estaba viviendo, por segunda vez en un mes, el robo del auto que tanto soñó. «Creemos que fueron las mismas personas, porque para encenderlo debían tener el computador que nos habían robado la primera vez. Estamos hablando de un dispositivo específico, que no es tan fácil de conseguir, y aquí los videos y los testigos nos dicen que efectivamente, el auto salió andando”, añade.

Por segunda vez, Rocío llegaba hasta una comisaría para presentar la denuncia, y desde ahí, todo ha sido incierto para ella, que solo pide respuestas en torno a lo sucedido con su auto.

“Fuimos a la Fiscalía y sin mayores detalles, nos dijeron que la causa había sido cerrada. Entonces tuvimos que volver y pedir que la reabrieran, pero no entiendo que estas iniciativas deban salir de las personas, siendo que son las autoridades las que deben realizar las investigaciones. Cuesta creer que, existiendo dos denuncias sobre el mismo vehículo, videos, sospechosos, y antecedentes concretos en torno a lo que pasa con los vehículos Toyota, no se hayan pedido diligencias por parte de policía especializada, sino que se deje todo ahí, esperando a ver qué pasa. Eso genera desesperación y angustia en las personas comunes y corrientes, que no tenemos cómo saber qué pasa con nuestras denuncias”, critica Rocío.

Desde Carabineros, explicaron que “entendemos y compartimos la legítima inquietud de Rocío, así como de tantos otros vecinos que pueden haber sufrido el robo de su vehículo. Estamos hablando que, para muchos, un auto es la segunda inversión más grande después de la casa propia, y por lo mismo, trabajamos con mucho compromiso y profesionalismo para darles respuestas. Pero también es importante que la comunidad sepa y entienda que cuando existe un delito, deben realizar la denuncia y en base a eso. Las policías especializadas actuamos conforme a las diligencias que se nos encarguen por parte del Ministerio Público. En el caso específico de Rocío, no se ha recibido ninguna instrucción adicional”, explicó la jefa de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, teniente María Paz Valdés.

Pese a ello, el trabajo del SEBV ha entregado ciertas luces de esperanza a Rocío. Y es que el pasado 25 de abril, y como parte de una investigación vinculada precisamente al robo de vehículos, la sección especializada de Carabineros logró recuperar dos autos con encargo, que se mantenían escondidos en el pueblo de Lambert. Uno de ellos, un jeep Toyota que precisamente, estaba utilizando las patentes del Toyota Fortuner de Rocío.

“Aquí estamos hablando de la clonación o ‘gemeleo’, que tiene que  ver con que se copia una patente de un vehículo similar para ser utilizado en alguno que mantenga encargo por robo y así, distraer la investigación policial. En la Región de Coquimbo estamos trabajando especialmente”, explica la teniente Valdés, quien agregó además que a nivel regional, han detectado que los delincuentes mantienen una preferencia por el robo de vehículos de tipo camioneta y station wagon, debido a que su condición mecánica de 4×4 y rapidez, facilita la conducción por los pasos no habilitados.

En el mismo sentido, aseguró que, se le sugiere a la comunidad la implementación de medidas preventivas para evitar este tipo de flagelos con alto valor económico. “De lo que hemos podido determinar, es que los delincuentes evitan sustraer vehículos que tienen mayor dificultad. Uno de los elementos más conocidos y básicos, son los trabavolantes, pitbull en las ruedas o traba pedal. Otros de los mecanismos útiles son el uso de GPS y cortacorrientes autónomos de la batería, y ahora lo que se está implementando con bastante éxito, son unas especies de placas de metal, que se instalan precisamente para que haya mayor protección a los computadores de los autos”, concluyó la jefa del SEBV.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.

Romeral avanza hacia la minería subterránea: explotación sería hasta 2034


La localidad de Romeral, ubicada en la región central de Chile, se encuentra en un momento crucial de su desarrollo minero. Recientemente, se ha anunciado un ambicioso proyecto que transformará la manera en que se extraen los recursos minerales en la zona. Este proyecto apuesta por la minería subterránea, una técnica que promete extender las operaciones mineras hasta el año 2034 y que podría traer consigo importantes beneficios económicos y medioambientales para la región.

La decisión de avanzar hacia la minería subterránea en Romeral responde a varios factores. En primer lugar, la explotación a cielo abierto, aunque efectiva, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento en términos de productividad y sostenibilidad. Los yacimientos superficiales están siendo cada vez más difíciles de explotar sin incurrir en costos ambientales y económicos significativos. La minería subterránea, por otro lado, ofrece la posibilidad de acceder a depósitos más profundos y ricos en minerales, lo que podría revitalizar la producción minera local.

Además de las ventajas económicas, la minería subterránea presenta beneficios ambientales que han sido bien recibidos por la comunidad local y las organizaciones ecologistas. Al trasladar las operaciones bajo tierra, se reduce significativamente el impacto visual y el deterioro del paisaje, un aspecto que ha sido motivo de preocupación para los residentes y turistas que visitan la región. Asimismo, este método minimiza la producción de polvo y ruido, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

El proyecto de minería subterránea en Romeral no solo se centra en la extracción de minerales. También incluye una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura local y fomentar el desarrollo sostenible. Entre estas iniciativas se encuentran la construcción de viviendas para los trabajadores mineros y sus familias, la mejora de las carreteras y la implementación de programas de capacitación para la comunidad. El objetivo es crear un entorno que no solo sea económicamente viable, sino que también promueva el bienestar social y ambiental.

A pesar de los beneficios potenciales, la transición hacia la minería subterránea no está exenta de desafíos. La inversión inicial es considerablemente mayor que en la minería a cielo abierto, y se requiere de tecnología avanzada y personal altamente capacitado para llevar a cabo las operaciones de manera segura y eficiente. Sin embargo, las autoridades locales y las empresas mineras están comprometidas con superar estos obstáculos, convencidos de que los beneficios a largo plazo justificarán los esfuerzos y recursos invertidos.

La implementación de este proyecto también requerirá de un marco regulatorio sólido que asegure la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Las autoridades gubernamentales han manifestado su intención de trabajar de la mano con las empresas mineras y las organizaciones no gubernamentales para establecer estándares que garanticen una explotación responsable y sostenible de los recursos naturales.

En conclusión, el avance hacia la minería subterránea en Romeral representa una oportunidad única para transformar la industria minera de la región. Con una planificación cuidadosa y un enfoque en el desarrollo sostenible, este proyecto podría marcar el inicio de una nueva era de prosperidad para la comunidad local y el medio ambiente. La explotación minera hasta 2034 no solo promete beneficios económicos, sino que también podría establecer un precedente para futuras iniciativas mineras en otras partes del país.

Gobierno confirma que apelará decisión del Tribunal Ambiental en el marco del Proyecto Dominga


En un contexto de creciente preocupación y debate público sobre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, el Gobierno ha anunciado su intención de apelar la reciente decisión del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido Proyecto Dominga. Este proyecto, que ha estado en el centro de la discusión política y social debido a sus potenciales impactos ambientales, ha generado divisiones entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo comunidades locales, organizaciones ecologistas, empresas y representantes del gobierno.

El Proyecto Dominga, una iniciativa minera y portuaria, ha sido objeto de un intenso escrutinio debido a su ubicación cercana a áreas ecológicamente sensibles y su posible impacto en la biodiversidad local. Los defensores del proyecto argumentan que podría generar significativos beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y el impulso al desarrollo regional. Sin embargo, los críticos sostienen que estos beneficios económicos potenciales no compensan los riesgos ambientales, que podrían incluir la destrucción de hábitats naturales y la contaminación de recursos hídricos.

La decisión del Tribunal Ambiental, que inicialmente dio luz verde al proyecto bajo ciertas condiciones, ha sido recibida con escepticismo por parte de varias organizaciones ambientalistas y grupos comunitarios. Estos actores han manifestado su preocupación de que las medidas de mitigación propuestas no sean suficientes para proteger el ecosistema frágil de la región. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno ha decidido apelar la decisión, buscando una revisión más exhaustiva del proyecto y sus impactos potenciales.

La apelación del Gobierno refleja un intento de equilibrar las consideraciones económicas y ambientales en la toma de decisiones sobre grandes proyectos de infraestructura. Este enfoque es esencial en un contexto global donde el cambio climático y la sostenibilidad se han convertido en prioridades críticas. Al apelar la decisión del Tribunal Ambiental, las autoridades buscan asegurar que cualquier desarrollo económico no se realice a expensas del medio ambiente.

Este caso también pone de relieve la complejidad de la gobernanza ambiental en el país, donde las decisiones sobre proyectos de gran envergadura requieren de la coordinación entre diversas entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. La apelación podría establecer un precedente importante sobre cómo se manejan las decisiones ambientales en el futuro, influyendo en la forma en que se desarrollan otros proyectos similares en el territorio nacional.

En el trasfondo de esta discusión se encuentra el desafío de promover un desarrollo sostenible que no solo considere los beneficios económicos inmediatos, sino también los impactos a largo plazo en el medio ambiente y las comunidades locales. A medida que el país busca avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, casos como el del Proyecto Dominga ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre las políticas y prácticas actuales, y para considerar cómo mejorar los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones.

La apelación también subraya la importancia de la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial al proporcionar información valiosa y representar los intereses de aquellos que son más directamente afectados por proyectos de gran escala. A través de consultas públicas y mecanismos de participación, es posible lograr un diálogo más inclusivo y transparente, que permita la consideración de diversas perspectivas y el fomento de soluciones más equilibradas y justas.

El proceso de apelación del Gobierno también podría abrir la puerta a un debate más amplio sobre las políticas de desarrollo y las prioridades nacionales en materia de medio ambiente. Este debate es fundamental en tiempos en que los desafíos ambientales globales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, requieren de respuestas coordinadas y ambiciosas a nivel local y nacional. Las decisiones que se tomen en relación con el Proyecto Dominga podrían tener implicaciones significativas para el futuro de la política ambiental en el país.

En conclusión, la decisión del Gobierno de apelar la resolución del Tribunal Ambiental sobre el Proyecto Dominga es un paso importante en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Este caso no solo es relevante para las partes directamente involucradas, sino que también ofrece lecciones valiosas para el manejo de proyectos similares en el futuro. En última instancia, el objetivo debe ser asegurar que el desarrollo económico se realice de manera sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.