Chile ha abierto camino a la regulación del juego en línea a través de un proyecto de ley, con el fin de legislar sobre el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea dentro del territorio chileno.

Según el director de la casa de apuestas Latamwin, Carlos Baeza, se trataría de una  iniciativa que “establecerá un proceso abierto y competitivo para el otorgamiento de licencias”.

Las declaraciones de Baeza, recogidas en una columna publicada por la casa de apuestas, apuntaban a analizar el nuevo proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Chile desde marzo de este año, a la espera de ser debatido en el marco de la reforma tributaria que propondrá el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La necesidad de regular el juego online viene de la mano de la actual explosión que ha generado esta industria en el territorio de América Latina en general, con especial énfasis en Chile.

Varios han sido los factores que han conducido a este enorme protagonismo del juego en latinoamérica, como el avance de la sociedad digital, con dispositivos digitales al alcance de la mayoría de la población, así como la incidencia del Covid-19.

La pandemia trajo consigo el cierre de la mayoría de casinos y locales de apuestas por considerarse establecimientos no esenciales, de manera que la industria del juego tuvo que buscar fuentes de ingresos alternativas. La solución la encontró en el ecosistema web, con una exitosa acogida por parte de los usuarios. 

En la actualidad, muchos jugadores optan por las facilidades de los casinos en línea para sentir toda la emoción de sus juegos favoritos, como la ruleta o las máquinas tragamonedas.

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Análisis del nuevo proyecto de ley: mayor seguridad para todos

Tal y como señaló Carlos Baeza, quien también actúa como asesor legal de Latamwin, el proceso de licenciamiento para el sector online en Chile , tal como lo establece la iniciativa legal, será “diferente y desvinculado del casino físico”.

El proyecto de ley no fija un número preestablecido de licencias sino un mercado abierto en el que puede postularse cualquier empresa que cumpla con los requisitos. Será el propio mercado el que determinará el número de operadores y el tamaño del mercado, no el regulador o la ley“, aseveró.

Asimismo, también afirmó que el proyecto tiene como objetivo regular y establecer una adecuada estructura de Licencias de Funcionamiento que puede ser general o especial.

Por otro lado, Baeza indicó que “con el proyecto de ley, los operadores con licencia disfrutarán de una ventaja competitiva sobre las plataformas no reguladas y una medida de protección contra las actividades del mercado gris”, y sentenció: “el proyecto de ley establece una serie de mecanismos que darán a las autoridades chilenas mayores herramientas para combatir el juego ilegal”.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.