Polémica en Ovalle: Críticas a la Decisión de Dejar en Libertad a 23 Detenidos por Narcotráfico
Parlamentarios de la Región de Coquimbo mostraron su descontento ante la reciente decisión del juez del Juzgado de Garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño. El magistrado desestimó imponer medidas cautelares por peligro para la seguridad de la sociedad a 23 detenidos por tráfico de drogas, solicitada por la fiscalía, decretando prisión preventiva por riesgo de fuga y fijando una fianza de dos millones de pesos para cada uno de ellos, la cual fue pagada rápidamente, permitiendo su libertad.
Estos individuos habían sido detenidos por la PDI el lunes 26 de agosto y fueron identificados por el Ministerio Público como los responsables de un decomiso de drogas realizado en el mes de abril, donde se incautaron 1.600 kilos de marihuana valorados en más de 8 mil millones de pesos.
El diputado DC, Ricardo Cifuentes, calificó lo ocurrido como “un descriterio” y mencionó que esperaba que se tomaran medidas para revertir la situación. “No hay ley que sobreviva o que sea suficiente frente al descriterio. Creo que lo que ha ocurrido en Ovalle es una aplicación débil de la ley, una interpretación que más bien arroja dudas respecto de lo que corresponde en estos momentos en que la situación es tan conflictiva y dejar libres a una cantidad tan grande de personas me parece un acto lindando en la irresponsabilidad”, señaló Cifuentes, quien dijo que esperaba que las instancias superiores tomaran medidas para retrotraer tal situación.
Decisión Judicial Criticada por Parlamentarios
El diputado UDI, Juan Manuel Fuenzalida, también expresó su desconcierto. “Es difícil entender cuando las policías hacen el trabajo y luego las decisiones de jueces garantistas no están entendiendo la realidad que está viviendo nuestro país desde el punto de vista del crimen organizado y de la delincuencia más violenta”, afirmó. Fuenzalida subrayó la necesidad de revisar si la decisión del juez estuvo dentro de los criterios adecuados. “Me parece gravísimo, por lo tanto, veremos, junto al Ministerio Público, los motivos de este tipo de decisiones que no se ajustan a los tiempos reales en materia de crimen organizado y delincuencia más violenta”, subrayó.
En la misma línea de los otros parlamentarios, el senador PC, Daniel Núñez, dijo no compartir para nada la decisión adoptada en el Juzgado de Garantía de Ovalle de dejar libres a los traficantes previo pago de esta fianza de dos millones de pesos. “El narcotráfico es un delito muy grave, está asociado al crimen organizado y evidentemente se requiere hacer un proceso investigativo mucho más profundo y no entregar de forma tan rápida y liviana esta posibilidad de libertad bajo fianza”, señaló el senador Núñez.
El senador Núñez además indicó que en una situación tan grave como la que vive el país, la gente sentía y veía que el esfuerzo que hace la policía por detener a los delincuentes se frustraba porque rápidamente obtenían la libertad. “Me preocupa y hemos recibido muchas quejas con lo que está pasando con los tribunales en Ovalle y desde ese punto de vista yo voy a hacer presente este punto de vista, tanto a la seremía de Justicia como también voy a conversar con el Ministerio Público para ver de qué manera podemos reforzar los procesos de persecución penal que aseguren que no se dé esto que se está dando en Ovalle, que sea una verdadera puerta giratoria este Tribunal de Garantía”, cerró el senador comunista.
Investigación en Curso
Según la investigación de la PDI, estos sujetos habían conformado una organización criminal a partir de julio de 2019. Tras una prolija investigación en abril del presente año, se decomisaron 1.600 kilos de droga. Sin embargo, no sería hasta el lunes recién pasado que se detuviera a los integrantes de esta organización criminal.
La decisión del juez Muñoz Caamaño ha generado una ola de críticas tanto de los parlamentarios de la Región de Coquimbo como del público en general. La polémica refleja una creciente preocupación sobre cómo se están manejando los casos de narcotráfico y crimen organizado en los tribunales chilenos, y plantea serias preguntas sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la delincuencia.