La comunidad educativa del Colegio San Nicolás de La Serena está atravesando un momento de tensión después de que se reveló que la Policía de Investigaciones (PDI) está investigando un incidente grave ocurrido dentro del recinto escolar.
La directora del establecimiento presentó una denuncia a Carabineros el lunes, alegando que una estudiante de secundaria había intentado envenenar a una compañera al poner una sustancia desconocida en su almuerzo. Según los informes, la supuesta víctima fue alertada por sus compañeras de clase, lo que evitó que ingiriera los alimentos contaminados.
En las declaraciones a Diario El Día, el equipo directivo del colegio se negó a hacer comentarios, argumentando que el asunto es delicado porque involucra a dos menores de edad y que tienen la responsabilidad de proteger los derechos de ambas estudiantes.
Algunos padres de familia informaron a Diario El Día que se enteraron del incidente a través de sus hijos, antes de ser informados oficialmente por la dirección de la escuela. En un comunicado, la dirección del colegio afirmó que se han tomado medidas inmediatas para manejar la situación con la seriedad que requiere, incluyendo el trabajo con los estudiantes del curso afectado para evaluar su estado emocional y proporcionar el apoyo necesario.
La madre de la niña afectada decidió mantener a su hija fuera de la escuela debido a la gravedad del incidente. En el sitio web del Colegio San Nicolás, se establecen protocolos de acción para casos de violencia y acoso escolar. Estos protocolos establecen que si un agresor comete un delito que afecta la integridad física y/o psíquica de la víctima, se presentará un recurso de protección en la Corte de Apelaciones.
Para garantizar la protección de la integridad de la víctima, los padres, profesores o el director del colegio tienen el derecho de presentar una medida de protección ante un tribunal de familia, el Ministerio Público, la PDI o Carabineros.
Aunque la directora del colegio denunció inicialmente el incidente a Carabineros, la investigación fue finalmente asignada a la PDI por orden del fiscal de turno. Mientras que inicialmente se rumoreaba que se trataba de veneno para ratones, fuentes de Diario El Día indicaron que la muestra aún está siendo analizada y que los resultados que confirmarán o descartarán esta hipótesis estarán disponibles en unas tres semanas.
El subprefecto Dionel Alfaro, de la BICRIM de La Serena, agregó que, siguiendo las instrucciones del Ministerio Público, los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de La Serena ya han comenzado las primeras diligencias en relación con este caso.
A medida que la investigación continúa, se están realizando entrevistas a testigos y miembros de la comunidad educativa. Las declaraciones de las adolescentes involucradas se realizarán en presencia de sus padres y todos los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
En este contexto, Fernando Sermeño, director regional de la Superintendencia de Educación de Coquimbo, confirmó que la institución también recibió una denuncia presentada por una madre del Colegio San Nicolás de La Serena, en la que se menciona este presunto caso de intento de envenenamiento.
Sobre la base de esta denuncia, que se considera crítica y será tramitada con urgencia, se investigará la situación y se revisará la forma en que el colegio actuó al conocer los hechos.
«Si detectamos indicios de incumplimientos, procederemos a realizar una fiscalización. De confirmarse infracciones a la normativa educacional, iniciaremos un proceso administrativo que podría derivar en multas en UTM u otras sanciones contempladas por la ley», dijo Sermeño.
El director regional de la Superintendencia de Educación enfatizó que, en casos de violencia escolar, las instituciones educativas están obligadas a activar sus protocolos de actuación, que deben estar incluidos en su Reglamento Interno. Estos protocolos deben detallar el procedimiento a seguir al recibir una denuncia o al tomar conocimiento de la situación, las medidas de resguardo y apoyo psicosocial y/o pedagógico que se brindarán a las y los afectados, las medidas formativas y/o disciplinarias que se aplicarán a las y los involucrados, y la comunicación con las familias, entre otros aspectos.
«Además, si hay antecedentes que hagan presumir la configuración de un delito, el establecimiento tiene la obligación de interponer una denuncia ante Carabineros, la PDI, el Ministerio Público o un tribunal competente dentro de las primeras 24 horas de haberse enterado del hecho», concluyó Fernando Sermeño.