La jueza de Garantía, Daniela Pinto, marcó su descontento con los argumentos presentados por el asistente de fiscal, Luis Soto, en una audiencia de revisión de cautelares realizada el lunes 3 de junio en el Juzgado de Garantía de Los Vilos. Pinto expresó su frustración diciendo: “Esto me parece impresentable, porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo”.
La controversia se originó tras la revocación de la prisión preventiva de cinco individuos, presuntamente miembros del Tren de Aragua, que fueron acusados de secuestrar a un comerciante en Pichidangui en diciembre de 2023. Según los antecedentes del caso, la víctima, un hombre de nacionalidad venezolana, fue secuestrada por individuos que afirmaban ser de dicha organización criminal. Los secuestradores trasladaron a la víctima hasta la comuna de Punitaqui y luego a Valparaíso, hasta que fue liberado días más tarde tras el pago de $31 millones de pesos.
La investigación de este caso culminó con la detención de siete individuos, todos extranjeros irregulares, que fueron enviados a prisión preventiva. Sin embargo, durante la audiencia, se estableció el pago de una caución de $5 millones para que cinco de los acusados quedaran con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.
La decisión resultó en una situación complicada para el caso, ya que incluso aunque fue revertida por la Corte de Apelaciones de La Serena, los acusados ya habían sido liberados. El Ministerio Público tampoco apeló inmediatamente a la decisión de la jueza, lo que habría permitido suspender la medida a la espera de la revisión del tribunal de alzada.
La audiencia, que duró más de una hora, estuvo llena de tensiones. Cuatro defensores distintos argumentaron para obtener medidas cautelares menos intensas que la prisión preventiva para sus clientes. Cuando le tocó el turno al representante de la Fiscalía para defender la encarcelación de los individuos, considerados como un peligro para la seguridad de la sociedad, las intervenciones de Luis Soto colmaron la paciencia de la jueza.
En respuesta a los argumentos de la defensa, que sostenía que las acusaciones de la Fiscalía eran presunciones no fundadas, Soto admitió desconocer el resultado de las pericias realizadas. La jueza Pinto se mostró insatisfecha con la falta de precisión en los argumentos de Soto, y criticó su falta de preparación.
La jueza Pinto también indicó que oficiaría al fiscal local de Los Vilos por la poca preparación del representante del Ministerio Público. Por su parte, la Fiscalía Regional de Coquimbo anunció que se realizará una investigación administrativa por estos hechos.
La decisión ha generado revuelo y ha llevado a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a expresar su preocupación. Diputados de la región también han ofrecido sus opiniones sobre el caso, con el diputado José Manuel Fuenzalida calificando la decisión del tribunal como “impresentable” y criticando el trabajo del fiscal.
En respuesta a la situación, el senador Matías Walker anunció un proyecto de ley para que, en casos en los que existan presunciones fundadas de pertenencia a bandas de crimen organizado por parte de un imputado, no se les pueda otorgar la libertad bajo fianza y se disponga la prisión preventiva.
Finalmente, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de los acusados, indicando que la resolución del Juzgado de Garantía no contenía prueba alguna de alteración en los requisitos del artículo 140 del Código Procesal Penal respecto a los delitos por los cuales se encuentran formalizados los acusados.