El Tren de Aragua, una banda criminal cuyos miembros fueron arrestados el año pasado en un operativo conjunto de la PDI y la Fiscalía de Los Vilos, ha hecho titulares una vez más. Esta vez, se centra en una controversia judicial en la que los cinco detenidos, acusados de secuestros en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, han sido objeto de medidas cautelares menos severas, como el arresto domiciliario, la firma mensual y el arraigo nacional.
Se sabe que las instrucciones para cometer los delitos eran enviadas a través de WhatsApp por un individuo apodado «El Viejo«, identificado por los investigadores como Larry Amaury Alvarez Núñez, alias «Larry Changa«. Núñez es uno de los tres fundadores de El Tren de Aragua, y se le atribuye la introducción de la banda en Chile en 2018.
De los cuatro imputados, tres son ciudadanos venezolanos, y uno de ellos estuvo preso en la notoria prisión de Tocorón. Las identidades de los imputados se mantienen en secreto, al igual que los detalles del caso en sí.
Una reciente audiencia de revisión de medidas cautelares para los siete imputados, quienes han estado en prisión preventiva desde noviembre del año pasado, ha provocado controversia. Durante la audiencia, las defensas de cinco de los imputados solicitaron un cambio en las medidas cautelares a otras menos severas, ofreciendo pagar una caución de cinco millones de pesos.
El asistente del fiscal, Luis Soto Pérez, se opuso a la modificación de las medidas cautelares, argumentando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad y el riesgo de fuga. Sin embargo, fuentes cercanas a la audiencia indicaron que no se presentaron suficientes pruebas sobre la peligrosidad de los imputados.
La jueza de garantía, Daniela Pinto, expresó su descontento con la actuación del representante del Ministerio Público, alegando que el fiscal a cargo de la revisión de la medida cautelar no conocía adecuadamente los antecedentes del caso. En respuesta a esto, la jueza Pinto resolvió a favor de la defensa, lo que provocó la liberación de los imputados.
La jueza Pinto también criticó al asistente del fiscal por no apelar verbalmente al final de la audiencia, lo cual podría haber evitado la liberación de los imputados y transferido la decisión a la Corte de Apelaciones de La Serena.
La Fiscalía Regional confirmó que ha presentado una apelación a la resolución. Sin embargo, surge la pregunta de si se podrá localizar a los imputados en caso de que el tribunal de alzada revierta la decisión, ya que ya han pagado la caución y deberían ser puestos en libertad.
Este caso plantea cuestiones importantes sobre el sistema judicial, la eficacia de las medidas cautelares y la capacidad de las autoridades para manejar a los delincuentes peligrosos. A medida que el caso continúa desarrollándose, se espera que se arroje más luz sobre estos problemas y se encuentren soluciones adecuadas.