En febrero de este año, la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena. Se detectó que se habían realizado pagos sin justificación en el Departamento de Salud, sumando un total aproximado de $800 millones. A pesar de la seriedad de la situación, la información sobre el caso ha sido escasa y la investigación aún está en curso.
El fiscal a cargo del caso, Carlos Vidal, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a los detalles de la investigación, afirmando únicamente que sigue abierta y vigente. Sin embargo, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, ha proporcionado más información sobre el estado actual de la investigación y su compromiso con la transparencia y la justicia.
De acuerdo con Jacob, él se ha reunido con el fiscal regional y se ha comprometido a proporcionar todos los antecedentes necesarios para la investigación. «De hecho, hoy (martes) me pidieron antecedentes. Hace una semana igual me solicitaron, por lo tanto, la causa se está moviendo y creo que la palabra del fiscal se está cumpliendo, que es lo importante», declaró el alcalde.
Jacob enfatizó su compromiso con la justicia y su deseo de que aquellos involucrados en este caso sean formalizados y enfrenten las consecuencias de sus acciones. «Estas personas deben pagar con la cárcel, que es lo que se merecen tras hacer un desfalco mientras los otros funcionarios se sacaban la ‘mugre’ salvando vidas. Por eso es necesario que les caiga todo el peso de la ley», afirmó.
El alcalde reconoció que la investigación puede parecer lenta para algunos, pero aseguró que está bien encaminada. «Este tipo de investigaciones no son lo rápidas que uno quisiera, porque se deben reunir muchos antecedentes y presentarlos como corresponde para hacer un buen cuadro con toda la información posible para que sean presentados ante la justicia», explicó.
Jorge Díaz, secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, compartió la visión del alcalde, destacando que desde que se descubrió el desfalco, la institución ha colaborado con todos los requerimientos del Ministerio Público. Además de presentar las acciones legales correspondientes, la corporación ha proporcionado todos los antecedentes solicitados y ha prestado declaraciones ante los entes investigadores.
Díaz también indicó que la corporación ha entregado una completa información a la fiscalía, incluyendo detalles sobre la inexistencia de contratos de honorarios u órdenes de trabajo que vinculen a los querellados con los servicios fraudulentamente cobrados. «Estimamos que la fiscalía pueda solicitar, en un corto plazo, la audiencia de formalización contra aquellas personas cuya participación en el delito -a nuestro juicio- ya se encuentra acreditada», manifestó.
La corporación ahora espera el informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para conocer el resultado de diversas diligencias instruidas por la fiscalía a petición de la corporación. «Esto, con el objeto de tomar medidas concretas para acelerar las diligencias de investigación y poder cooperar con la pronta resolución de estos hechos. El alcalde Jacob sostuvo una entrevista con el fiscal regional, Patricio Cooper en el mes de abril, a fin de solicitarle agilizar la indagatoria sobre este caso», explicó Díaz.
En este sentido, la corporación afirma que seguirá colaborando y monitoreando el avance de las diligencias de investigación solicitadas, así como aquellas instruidas por la fiscalía local de La Serena. «Estamos confiados en que, con la nueva administración de la fiscalía regional, se le dará prioridad a la investigación de este tipo de delitos que afectan, no solo la probidad administrativa, sino también la confianza pública depositada en quienes ostentan la calidad de funcionarios públicos», finalizó Jorge Díaz.