Rechazada la solicitud de la Fiscalía para modificar la medida cautelar en un caso de corrupción y tráfico de armas
En una decisión reciente, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud presentada por la Fiscalía Metropolitana Occidente. La solicitud buscaba modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía, para ocho de los implicados en la supuesta red de corrupción y tráfico de armas dirigida desde la cárcel de La Serena.
Además, el tribunal de alzada decidió sobre un segundo recurso presentado por la defensa y revocó la medida cautelar de privación de libertad que se había decretado para otros dos involucrados. Uno de ellos es el capitán de la institución, a quien el Ministerio Público ha identificado como el líder de la agrupación criminal.
Por lo tanto, todos los planteamientos de la defensa fueron acogidos. En resumen, solo uno de los detenidos permanecerá en prisión por el momento, y su caso no fue discutido en esta ocasión.
Las razones detrás del fallo
Sobre el primer recurso, el de la Fiscalía, la Corte estuvo de acuerdo con el Juzgado de Garantía al descartar el peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en cuenta la baja pena asignada a los delitos. Los funcionarios son acusados de cohecho y lavado de activos.
Según la Fiscalía Metropolitana Occidente, «la Corte no cuestionó ni la existencia de los hechos investigados en esta causa, ni la participación de los acusados en ellos. Lo que hace el tribunal de alzada es señalar que la perspectiva de pena asociada es de baja entidad.»
En cuanto al segundo recurso, de la defensa, Carlo Silva, abogado de Defensores Norte, quien representa a los acusados de la Región de Coquimbo, explicó que la Corte «no ha acreditado la existencia de una agrupación criminal. Si eso se cae, se cae la ‘funcionalidad’ que se da al capitán de Gendarmería y se descarta que él sea el líder de la organización en la forma en que lo propone la Fiscalía.»
El mediático caso de corrupción y tráfico de armas
El viernes 14 de junio, el OS9 de Carabineros, con apoyo del GOPE, irrumpió en los domicilios de una decena de funcionarios del Complejo Penitenciario de La Serena. La investigación apunta a una red de tráfico de armas, que era comandada desde el penal, en la que los gendarmes se encargaban de introducir elementos prohibidos, a través de una supuesta red de corrupción liderada por un capitán.
En total, 20 personas comparecieron ante la justicia: seis internos trasladados desde cinco diferentes cárceles del país, nueve funcionarios de Gendarmería, un exfuncionario y cuatro civiles. Según la Fiscalía Metropolitana Occidente, los involucrados habrían aumentado hasta en un 270% sus ingresos con esta modalidad.
Sobre el incremento del patrimonio de los acusados mediante acciones ilícitas, Silva indicó que se trata de un «cálculo» hecho por la Fiscalía que considera «un tanto ilógico». El defensor aseguró que demostrarán con depósitos y un peritaje financiero que los bienes y vehículos adquiridos por sus defendidos fueron obtenidos con fuentes absolutamente lícitas.
La decisión de la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago marca un giro en este caso que ha atraído la atención de los medios y resalta la importancia de las medidas cautelares en los casos penales. Con la investigación en curso, se espera que se aporten más detalles sobre la supuesta red de corrupción y tráfico de armas en el futuro.