El gobierno del presidente Gabriel Boric presentó su proyecto para reformar el sistema de pensiones de Chile, además entregó proyecciones sobre cuánto aumentarán los ingresos de los jubilados en el futuro.

Según el Ejecutivo, las pensiones aumentarán debido al sistema híbrido (mixto) que pretenden implementar, el cual se basa en tres pilares: aportes individuales, un seguro social con carga del empleador y ayuda estatal a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que aumentaría a $250 mil.

Mira los ejemplos a continuación:

Ejemplo 1: Si una mujer de 24 años con un 50% de lagunas en el historial de cotizaciones en 2023 recibirá un salario de 400.000 pesos, su pensión aumentará de $302.416 a $497.173 según el pronóstico del ejecutivo.

Ejemplo 2: Para una mujer actualmente jubilada con un 50 por ciento de lagunas en su historial de cotización y un salario de 400.000 pesos, su pensión aumentará de $257.651 a $392.525, según proyecciones del ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo en conversación con Meganoticias que en el caso de la siguiente tabla, $10.963 corresponden a “compensación por la diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres”.

Ejemplo3: Para un varón de 24 años en el 2023, con una laguna de cotización del 50%, y su salario es de 400.000 pesos, según proyecciones su pensión aumentará de $316.573 a $474.386.

Ejemplo 4: Si un hombre está actualmente jubilado, sus lagunas de aportes es del 50% y su salario es de 400.000 pesos, su pensión aumentará de $268.515 a $392.426 al momento de jubilarse, según la proyección del ejecutivo.

Las AFP se terminan

“separar las funciones de las AFP, es decir, la gestión de cuentas, de la gestión de inversiones”.

Más detalladamente, explicó que “los temas administrativos quedarán en una entidad pública”, pero aclaró que “no se tocará dinero en ningún punto” y que las inversiones las harán entidades privadas o públicas.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.