Proponen sancionar el robo de cables ante aumento de este ilícito

Crece el robo de cables en la Región de Coquimbo, Chile: Más de 40.000 metros sustraídos en 2023

La Región de Coquimbo en Chile ha sido duramente golpeada por robos de cables eléctricos en los últimos años, una problemática que ha interrumpido el suministro de energía a decenas de miles de hogares y ha obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes. En 2023, se registraron 101 incidentes de este tipo, con más de 40.000 metros de cables sustraídos, afectando a más de 59.000 familias.

Según datos proporcionados por CGE, ocho comunas de la región registraron la mayor incidencia de este delito. Coquimbo lideró la lista con 12.159 metros de cable robado, seguido de La Higuera (8.044 metros), Ovalle (7.610 metros), La Serena (4.101 metros), Monte Patria (3.934 metros) y Vicuña (3.602 metros). Cierran la lista Combarbalá con 500 metros e Illapel con 60 metros.

Acciones Municipales ante el Robo de Cables

Los robos de cables eléctricos han aumentado exponencialmente en la región de Coquimbo, lo que ha llevado a las autoridades locales a tomar medidas para combatir este delito. El municipio de La Higuera está esperando que las investigaciones avancen y arrojen resultados positivos para encontrar a los responsables de los robos. Este es un esfuerzo conjunto entre la PDI, Carabineros, Ministerio Público y CGE.

El municipio de Coquimbo, por su parte, ha registrado aproximadamente 1.200 metros de cables eléctricos robados en lo que va de 2024, principalmente en el sector de Tierras Blancas. Ante esta situación, los equipos municipales están realizando diversas fiscalizaciones en todo el territorio, denunciando estos hechos y supervisando la rápida reposición del servicio eléctrico.

Las autoridades de Coquimbo han hecho un llamado a los ciudadanos para denunciar estos delitos que están afectando a la comunidad.

“Operación Beirut”: Una Respuesta Policial

La Policía de Investigaciones (PDI) está investigando estos delitos, en particular los ocurridos en La Higuera, que han provocado daños y cortes de suministro eléctrico en la comuna. La investigación se centra en los delitos que ocurren durante la madrugada en zonas rurales, especialmente en áreas despobladas y alejadas de las zonas urbanas, lo que complica su resolución.

A pesar de las dificultades, gracias a los métodos científicos empleados por la PDI, se han obtenido pruebas para identificar a las personas involucradas en estos delitos. Como parte de sus esfuerzos, la PDI ha lanzado la “Operación Beirut”, una serie de acciones que han permitido identificar a dos sospechosos por el uso, porte y almacenamiento de explosivos industriales sin medidas de seguridad, incautando más de 9 kilos de sustancias explosivas, armas de fuego y elementos de detonación de alta densidad.

Proyecto de ley para modificar el Código Penal

En respuesta a la creciente ola de robos de cables, el diputado Ricardo Cifuentes presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para tipificar y sancionar de manera específica el robo de cable de cobre. El proyecto propone eliminar las palabras “electricidad” y “telefonía” del artículo 447 bis del Código Penal e incorporar un nuevo capítulo destinado a establecer penas específicas para el robo de cable de cobre.

CGE presenta querellas por robo de energía

Además del robo de cables, otra preocupación para CGE es el robo de energía desde sus instalaciones. Para combatir este delito, la compañía ha presentado una serie de querellas a lo largo de su zona de concesión. Hasta la fecha, la compañía ha presentado 81 querellas, de las cuales 5 corresponden a la Región de Coquimbo.

Estas querellas están dirigidas principalmente a personas que han intervenido sus medidores de electricidad o se han conectado de forma clandestina a las instalaciones de la compañía. También se han presentado recursos contra instaladores eléctricos que han realizado conexiones fuera de las normas.

El robo de cables y energía no solo afecta la calidad y continuidad del servicio eléctrico, sino que también pone en peligro a las personas y sus bienes. Por lo tanto, es crucial que las autoridades, las empresas de energía y la comunidad trabajen juntas para combatir estos delitos y mantener la seguridad y el bienestar de todos.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.