El viernes 16 de agosto, la Corte de Apelaciones de La Serena negó un recurso de amparo presentado a favor de 61 reclusos del módulo 42 del complejo penitenciario Huachalalume. El recurso fue presentado en respuesta a las acciones tomadas por las autoridades del recinto carcelario y de la Gendarmería de Chile, después de un altercado en el que un interno murió. Las autoridades habían requisado herramientas del taller laboral, lo que los reclusos alegaban que violaba su derecho a trabajar y a un proceso de reinserción adecuado.
La decisión de la corte fue unánime, con los jueces Christian Le-Cerf, Rodrigo Díaz y la abogada en funciones Elvira Badilla rechazando la acción constitucional. Los jueces encontraron que no había evidencia de un acto ilegal o arbitrario por parte de las autoridades penitenciarias.
Las acciones de las autoridades, según el tribunal, estaban justificadas y eran proporcionales a la situación que las motivó. Específicamente, se referían a la pelea que tuvo lugar el cuatro de agosto en el módulo 42 del Complejo Penitenciario de La Serena, que resultó en la muerte de un interno. Además, se encontró que los reclusos habían estado utilizando espacios no designados para trabajar, llenándolos de objetos de diversa naturaleza, algunos de los cuales podrían ser peligrosos. Esta actividad no estaba en conformidad con las reglas internas del Centro Penitenciario.
La Gendarmería de Chile ha indicado que las medidas adoptadas son temporales. Además, algunos de los reclusos que presentaron el recurso han afirmado que todavía tienen acceso a herramientas y pueden continuar trabajando en áreas autorizadas dentro del módulo 42. Esta información proviene de declaraciones proporcionadas por la Gendarmería, que también ha asegurado que no se planea trasladar o cambiar de módulo a ninguno de los reclusos.
Dado que no se encontró ninguna acción ilegal o arbitraria por parte de las autoridades penitenciarias, y que las garantías de libertad personal y seguridad individual de los reclusos no se vieron amenazadas, el tribunal concluyó que no había razón para conceder el recurso de amparo. La decisión subraya que, a pesar de las preocupaciones y quejas de los reclusos, las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden dentro del sistema penitenciario.
Este caso subraya los desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios en todo el mundo. Los presos tienen derecho a trabajar y a buscar la reinserción en la sociedad, pero las autoridades deben equilibrar estos derechos con la necesidad de mantener la seguridad y el orden. Las tensiones pueden surgir cuando los reclusos sienten que sus derechos están siendo violados, mientras que las autoridades creen que están tomando las medidas necesarias para mantener la seguridad.
Los sistemas penitenciarios también deben lidiar con la cuestión de cómo manejar situaciones violentas o peligrosas. En este caso, una pelea resultó en la muerte de un recluso, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas para prevenir futuros incidentes. Sin embargo, estas acciones fueron vistas por algunos reclusos como una violación de sus derechos, lo que llevó a la presentación del recurso de amparo.
Este caso muestra cómo los desafíos y tensiones en los sistemas penitenciarios pueden dar lugar a disputas legales y debates sobre los derechos de los reclusos. Si bien la Corte de Apelaciones de La Serena finalmente negó el recurso de amparo, el caso subraya la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre los derechos de los reclusos y la necesidad de mantener la seguridad y el orden en los sistemas penitenciarios.